Aborto y Embarazo Adolescente

Paradójicamente, abortos legales significarían menos abortos.

Sobre el embarazo adolescente se han dicho muchas cosas. Unos sostienen que es resultado de la falta de educación, otros aducen la pobreza como el principal generador de este fenómeno, y otros la degeneración de la moral social. Todos, en parte, tienen algo de razón. Sin embargo, estos argumentos deben ser tomados con mucha más calma de la normalmente son objeto.

Primero, en cuanto a la falta de educación, parece claro que, al menos en zonas urbanas, la mayoría de las jóvenes conocen de la existencia de métodos anticonceptivos. Y en cuanto al acceso a estos, aún en circunstancias adversas, una persona con afiliación al régimen subsidiado de salud tiene el derecho de pedir a su EPS-S la entrega de los métodos anticonceptivos.

La gente conoce este derecho y aún así no lo ejerce. Parece ser que las trabas que ponen los prestadores del servicio de salud inciden fuertemente en esta conducta. En un reportaje de Séptimo Día, se presentó el caso de una joven que duró tres meses pidiendo a su EPS-S los métodos anticonceptivos que requería, pedido que no tuvo respuesta positiva. Como es normal, la joven se cansó de hacer colas y finalmente terminó por desistir, con las consecuencias que todos podemos imaginar.

Por otro lado, la degeneración de la moral social no parece ser la causante. ¿Por qué? La respuesta es más simple de lo que los defensores de la moral nos quieren dejar ver. Históricamente, las mujeres han tenido hijos a muy tempranas edades. Las abuelas y bisabuelas tenían hijos incluso antes de los 16 años. La diferencia radica en que hoy no se casan con los padres de sus hijos. Si el comportamiento es el mismo, entonces ¿Cuál es el cambio que permite hablar de una degeneración de la moral? ¿Acaso el problema de tener hijos sin poderles dar las mínimas condiciones de vida desaparece si ocurre dentro de una familia constituida legalmente?

Hay una explicación que nadie parece darle suficiente importancia. Culturalmente somos proclives a respetar más a una mujer con hijos que a una sin hijos. Esto, según muestran varios estudios, causa muy buena parte de los embarazos adolescentes. El tener un hijo, hace que las adolescentes cambien la condición de hijas de un hogar por la condición de cabezas de uno. Con todo lo raro que pueda sonar eso, así ocurre.

El tema cultural no lo podemos cambiar rápidamente con políticas públicas. De hecho, esas políticas tienen un impacto muy lento, cuando lo tienen, en los comportamientos de una sociedad. Sin embargo, el conocimiento y acceso a los métodos anticonceptivos para aquellas parejas que deseen usarlos, es algo que podemos impactar fácilmente.

No se trata de dar más dinero a las entidades de salud para que los entreguen. Los recursos ya están y esa es su obligación. Sin embargo, no parecen tener el incentivo necesario para llevar a cabo su obligatoria misión. Ahí es donde entra el aborto.

No es el ánimo acá, defender el aborto como un mecanismo de anticoncepción, aunque en casos de emergencia no debería haber mayores trabas para las mujeres que se lo deseen efectuar. Lo que se quiere defender es un alineamiento de los incentivos.

Si uno es el gerente de una EPS y le dan dos opciones: entregar anticonceptivos o practicar abortos, ¿cuál es la opción que más le conviene? La respuesta obvia es: entregar anticonceptivos, pues los abortos son riesgosos e infinitamente más caros. Entre un aborto que podría costar, al menos, un millón de pesos, y un anticonceptivo que cuesta a lo sumo $5.000, es fácil decidir.

De paso, el incentivo que tienen hoy a no entregarlos desaparece. Hoy, si una mujer del régimen subsidiado tiene un hijo, este queda afiliado al mismo régimen. De ahí, la EPS-S puede cobrar el costo de la afiliación tanto de la madre como del niño. En un mundo con abortos legales, esto no ocurriría. Nunca habría hijo y consecuentemente la afiliación no se le podría cobrar al Estado, en cambio, sí habría aborto al alto costo descrito. Entonces, la EPS-S preferiría entregar condones.

De esta forma, no sólo se estaría mejorando la posición de la sociedad. No sólo se evitarían embarazos, sino que se disminuirían el número total de abortos, pues nunca habría habido lugar al embarazo inicial. El sistema de salud estaría en mejor condición de responder y las familias en condición de vulnerabilidad podrían decidir el número de hijos, lo que les permitiría salir más fácilmente de su condición de pobreza.

Impuestos y crecimiento

Contrario al saber popular, más impuestos no siempre equivale a una torta más pequeña.

Mucha agua ha corrido debajo del puente después de estas elecciones. Ya se han empezado a olvidar las promesas de los candidatos y el ganador, ad portas de su posesión, ha empezado a formar gobierno. Ya hace parte del pasado aquella propuesta de subir o no impuestos; subir o no tarifas; y subir o no recaudo.

La cosa parece simple, el Gobierno Nacional presentó el año pasado la poco despreciable cifra de más de $20 billones de déficit, algo cercano al 4.2% del PIB. Ese déficit hay que financiarlo. Seguirnos endeudando eternamente replicaría el comportamiento de una familia que todos los meses pide prestado. Al final, esa familia quiebra. Al final, el país quiebra.

En este escenario la cosa es simple: o gastamos menos o conseguimos más plata. Una solución tan simple como gastar menos no parece posible. Aún no equiparamos los POS y ya la salud esta quebrada. Aún no reparamos a las victimas de la violencia -cuatro millones de personas- y ya tenemos déficit. Aún no construimos las carreteras que nos permitirán crecer y ya no nos alcanza la plata. Hay que gastar más, y hay que gastar financiado. Para esto queda entonces la salida de aumentar el recaudo, aumentar los impuestos.

La economía ha defendido durante muchos años la idea de que si uno pone a mucha gente a votar, en promedio van a dar una respuesta acertada. Por ejemplo, habrá algunos que se equivocaran en exceso y otros que se equivocaran en defecto, y todos lo harán siempre con la misma probabilidad, pero aquellos pocos que conocen la verdadera respuesta, al tener una frecuencia marginalmente mayor a la de los equivocados, tendrán la victoria. En un libro muy recomendado, que leí hace unos años (The Myth of the Rational Voter), Bryan Caplan dice que cuando la gente está convencida de una falacia, la decisión que toman por votación es mala.

Pues bien, el caso de los impuestos es uno de esos en los que la gente se deja confundir por falacias altisonantes. No es cierto, por ejemplo, que una reducción de los impuestos aumente la actividad económica y termine redundando en mayores recaudos para el gobierno. Las investigaciones económicas muestran que eso solo ocurre cuando existen tasas de tributación efectivas cercanas al 70%, es decir, que de lo que la gente gana le quitan efectivamente el 70%. En Colombia, con una tasa nominal del 30% y una efectiva ostensiblemente inferior, difícilmente estamos en ese mundo.

Otra idea que ronda mucho la cabeza de los electores, es que el Estado gasta mal. Esto no es del todo falso, el Estado, como muchos privados, sufre ineficiencias, bota plata. Pero el Estado, a diferencia de los privados, provee bienes que de otra forma no existirían. Eduación para los pobres, bibliotecas en barrios deprimidos, salud subsidiada. Todas estas cosas suenan a gasto, a plata botada, pero no lo son.

Resulta que estos bienes, para la sociedad, generan un mayor beneficio, que su costo. Sin embargo, ese beneficio no es apropiable. Explico: dar educación gratuita para todo el mundo es algo que difícilmente haría un privado. Uno educa a alguien y esa persona se va, llevándose consigo las ganancias de la educación y dejando el costo. Pero cuando se piensa como sociedad, esa persona va a producir mucho más que lo que costo educarla. Es decir, que esa persona le generará un beneficio a la sociedad. De esta forma, es rentable para la sociedad -y para el Estado- educar a la gente.

Lo mismo ocurre con la salud -la gente que se enferma menos es más productiva; la vivienda -personas con casa son sujetos de crédito, lo que mueve la economía, al tiempo que mejora la calidad de vida y disminuye el impacto sobre el sistema de salud; la infraestructura -no es negocio hacer una carretera para transportar caña, pero si lo es si además de caña se transportan todos los bienes de una sociedad.

En este sentido, si el gasto está bien enfocado y es eficiente, puede ocurrir que los beneficios sean mayores a los costos. Esto es: que como sociedad, ganemos más de lo que pagamos en impuestos para financiar ese gasto.

Por esta razón, el muy próximo debate sobre la necesaria reforma tributaria que se nos viene, no debe ser sobre el tamaño de la tajada que el gobierno nos va a quitar. Mucho mejor sería que se debatiera sobre la eficiencia del gasto que se pretende financiar.

Santos no será Uribe

Aquellos que votan por Juan Manuel porque es la continuidad pueden llevarse más de una sorpresa.

Juan Manuel Santos no es Álvaro Uribe. Esta verdad simple, que debería estar clara para los electores, parece no ser conocida por la gente. Ni el futuro ex presidente será su jefe, ni le dará ordenes. Tampoco será Uribe quien maneje el Congreso, ni las políticas, ni los contratos. No habrá Consejos Comunales, ni ministros inamovibles.

Hay que reconocerlo. Santos es un político genial. Aunque nunca antes había logrado meterse en el corazón de los colombianos, en estas elecciones supo como cabalgar sobre la popularidad de su antecesor. Supo como arroparse con la imagen del gobierno que termina para pasar a segunda vuelta y, con ese mismo ropaje, muy probablemente se hará elegir.

Pero hasta ahí llega su uribismo. Es más, en estos momentos en que Santos se siente más Presidente que candidato, ya empezó a desacatar los guiños –órdenes- que le llegan desde Palacio. Aceptó a Cesar Gaviria en su rebaño, aun cuando Uribe se rasga las vestiduras.

Desde luego, Santos mantendrá el ataque frontal contra la guerrilla, pero todos los otros candidatos lo hubieran hecho, de modo que eso no lo hace más o menos uribista. Santos se hará elegir avalado por un partido que no fue el de Uribe. Se llama Partido de la U más por una estrategia de marketing político, que por la convicción de que sea Uribe su mentor. Ese partido fue creado para agrupar organizaciones que no habrían podido superar el umbral en las elecciones, para mantener sus cuotas en el Congreso y mantener su poder político. Se creó por oportunismo. Hoy por hoy, además de la seguridad, no tiene claros sus principios, lo que lo mantiene en el nivel de montonera. Más aún, es montonera porque su único principio, la seguridad, es hoy una política de Estado.

Santos se hará elegir como si fuera Uribe reencarnado, pero no lo es. El quiere ser un presidente histórico, no sólo un presidente. Sus propuestas de tercera vía (idea que el mismo ha defendido en un libro escrito con un ex primer ministro británico) no se parecen en lo más mínimo a las políticas implementadas por Uribe. Santos no mantendrá políticas fallidas como los subsidios agropecuarios, ni defenderá el legado del sistema de salud que Uribe nos deja. No mantendrá las exenciones tributarias tan defendidas por Uribe, porque las considera ineficientes e injustas, aunque en campaña diga lo contrario. Intentará cuantas veces sea necesario hacer aprobar una reforma tributaria estructural, en vez de mantener la colcha de retazos que su antecesor ayudó a crear.

Santos echará para atrás esa desinstitucionalización vergonzosa a la que nos ha avocado Uribe. Respetará a los jueces y sus decisiones, aunque ese camino lo recorrerá más lentamente, para que no sea tan evidente el cambio. Es más, atenderá el llamado de la Ola Verde -por eso sus guiños sucesivos en los debates- y atacará de frente la corrupción, aunque eso signifique traicionar a varios de sus actuales aliados.

Buscará quitarle a los entes territoriales el manejo de los recursos que, el considera, gastan de forma ineficiente. Cosa contraria a lo hecho por Uribe, quien les giraba cheques para ganar fidelidad política. Seguramente buscará reelegirse y por ello mantendrá muchos programas clientelistas y politiqueros, programas asistencialistas como Familias en Acción, pero los irá disminuyendo poco a poco.

Santos va a gobernar para ser un presidente histórico. Uribe gobernó para ser un presidente popular. Y aunque buena parte de su popularidad se cimentó en los avances en seguridad, avances que lo llevaran a la historia, Santos no se quedará allí. La carrera de Santos no es para ser presidente. Su carrera es para ser un presidente al que la historia, y no la opinión, catalogue como el mejor que hayamos tenido. Por el bien de la República, ojalá lo logre.

Menos Empleo, Peor Pagado

Elegir un gobierno que inicie con cuestionamientos afecta a la mayoría.

El lunes después de las elecciones, el candidato derrotado Andrés Pastrana se reunió con el Presidente Gaviria para presentarle las pruebas que tenía en su poder sobre financiación de campañas con dineros del narcotráfico. El escándalo llegó a tal punto, que la inestabilidad política que generó se tradujo en inestabilidad económica, la economía se frenó, el empleo aumentó y los pobres se volvieron más pobres.

Pareciera que Andrés Caicedo hubiera tenido razón cuando afirmaba que la historia era cíclica. Hoy no vemos un presidente que se elige con dineros mal habidos, vemos la posibilidad de un gobierno que inicie con fuertes sospechas de haber cometido fraude electoral. Eso es desastroso para la democracia, sin duda, pero no pareciera serlo para la vida cotidiana de los habitantes del país. Pues bien, la idea de la irrelevancia de la política ha hecho fuerte carrera en las mentes de los ciudadanos comunes. Sin embargo, no solo es falsa, sino que esconde un desconocimiento craso sobre el funcionamiento de la economía.

¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se llegaran a demostrar irregularidades sistemáticas en el conteo de votos?

En primer lugar, dependiendo de la valoración del juez electoral y obviamente de la magnitud del fraude, podría generarse la nulidad de las elecciones. Esto esta descartado, en primera medida, por las mismas declaraciones de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ya terminó el escrutinio y consecuentemente cerró la posibilidad de presentar quejas ante esta autoridad. En este caso, la nulidad de las elecciones seria resuelta por el Consejo de Estado, que en promedio, tarda tres años para resolver este tipo de denuncias. Es decir, que estaríamos avocados a tres años de interinidad en la Presidencia de la República.

Pero suponiendo que no hay tal nulidad y que el proceso se encaminara a condenar a los responsables, sin subsanar los efectos de sus acciones, podríamos ver varios escenarios. Si el responsable tuviera investidura presidencial, es decir, si el responsable fuera directamente el candidato ganador, podríamos estar reeditando un juicio político contra el presidente. Esto es aun más grave, pues le da un poder de negociación altísimo al Congreso, que es quien juzga al presidente. De modo que veríamos, nuevamente, un resurgimiento de las formas de corrupción más descaradas, bastante parecidas a las que se observaron durante el Proceso 8.000. Los efectos de esa inestabilidad política sobre la economía serían nefastos. La tasa de interés a la que los mercados le prestan al Gobierno y a las compañías nacionales aumentaría dramáticamente, lo que imposibilitaría realizar nuevas inversiones, no se crearían puestos de trabajo y aumentaría la pobreza. Eso sin contar los efectos sobre los hogares deudores, que podrían verse avocados a la quiebra. De esta forma, tendríamos menor empleo, peor pagado.

Podría ocurrir otra cosa. Como ese delito se habría cometido por un ciudadano, no por un presidente, sería la Fiscalía la encargada de investigar una vez acabe el periodo de cuatro años para el que fue elegido. Sin embargo, un fiscal recién nombrado por ese mismo presidente, difícilmente llevaría a cabo esa investigación. Eso sin contar con la reforma que pretenden implementar, según la cual el Fiscal dependería del Presidente mismo. En cuyo caso, la apertura del proceso sería aun menos probable.

Cualquiera de los posibles efectos de un posible fraude sería calamitoso. Si hay investigaciones y enjuiciamientos, la inestabilidad política y económica nos llevaría a un ruina de proporciones parecidas a las de la crisis de los noventa. Si no hay investigaciones, el daño institucional causado frenaría el crecimiento económico de largo plazo, condenándonos como país, en el mejor de los casos, a salir mas lentamente del subdesarrollo.

Cabria preguntarse entonces, si hubo fraude, el candidato a favor de quien se hizo ¿estará realmente preocupado por la Nación o sólo por el mismo?

Voto en Blanco

El dogmatismo, será la sepultura de los verdes.

Santos cambio su estrategia y ganó, el Partido Verde debería hacer lo mismo lo más rápido posible. Tristemente, no han anunciado nada al respecto. A estas alturas, aun esperamos un anuncio de cambio de estrategia. Sin embargo, siguen mandando los mismos lemas por Twitter y Facebook.

Ayer, por medio de insiders de la campaña, se mandaron varias propuestas que buscan reorientar la estrategia para estas tres semanas. Sin embargo, no se ha presentado respuesta. No veo que haya la agilidad necesaria para hacer el cambio que esa campaña necesita.

En cambio, por el lado de la campaña rival, y desde luego, gracias a la obvia valorización que tan holgada victoria le permite, ya se han empezado a ver alianzas con diversos sectores. Las matemáticas no fallan, a Santos le faltan apenas 500 mil votos. Esos los consigue aliándose con cualquiera de los vencidos. Y ya empezaron a llegar. Ya están allá los conservadores, como era de esperarse; los liberales, que sin poder durante tanto tiempo, ya empiezan a sentir esa necesidad, abrumadora para cualquier político, de tener una cuota en el gobierno; y seguramente algún sector de Cambio Radical ya empieza a moverse hacia esos lados.

La campaña verde pudo haber hecho un verdadero gobierno de unidad nacional, no como el que pretende la U, que con su aplastante votación, solo ofrece la unidad de todos siguiéndolos a ellos. Los verdes tenían esa oportunidad y la están perdiendo. Debían haber ofrecido posiciones estratégicas en el eventual gobierno de Antanas a esos partidos. No lo hicieron y las consecuencias seguramente se verán el 20 de junio.

La posición dogmática de no negociar puestos es miope. El ejercicio de lo público es de consensos y estos se logran negociando programas de gobierno. Los cuales, desde luego, se ejecutan desde las entidades publicas, que para ser justos, deberían ser dirigidas por aquellos que idearon los programas. Si uno se trae la propuesta del salario del primer empleo, es lógico que el Partido Liberal tenga el ministerio que regula esos temas. Y si la propuesta de seguridad es cercana a la de Cambio Radical, y la de política de tenencia de tierras a la del Polo, se debería hacer otro tanto. Lo mismo en las congruencias programáticas con los conservadores.

Pero lo que manda la parada en la campaña verde es la inacción real, porque virtualmente son muy activos. Si algo he aprendido luego de estar varios años en entidades gubernamentales, es que a veces es necesario tomar decisiones rápidas y con buen tino.

El hecho de que la campaña verde no haya realizado los cambios que necesita para esta cortísima carrera de tres semanas, deja serias dudas sobre las decisiones que podrían tomarse, o no tomarse, en el ejercicio del gobierno. Es bien sabido que no todo se puede debatir eternamente. Las respuestas a los debates en el Congreso o a los medios de comunicación, casi siempre se tienen que dar en caliente. Lo mismo ocurre en este momento con las estrategias de campaña de cara a la segunda vuelta.

Sigo esperando un anuncio de parte de esa campaña. Sigo esperando un cambio de rumbo. Pero si no se da. Si todo sigue igual. Si la campaña sigue pareciendo un reality, con actores a bordo y cánticos cristianos, me sentiré obligado a dejar de apoyar al candidato verde.

Mal quedaría apoyar desde acá al otro candidato, de quien, desde luego, mantengo mis reservas. Un cambio en tal sentido, dejaría por el piso el espíritu de este espacio, en el que se pretende hacer un análisis serio y técnico de los temas importantes para el país. En este sentido, la única opción que patrióticamente nos quedará, será el voto en blanco.

Instituciones, economía y elecciones

El próximo 30 de mayo los colombianos nos enfrentamos a una de las decisiones más importantes para el futuro de nuestro país.

La campaña electoral que ahora termina ha enfrentado dos visiones de lo que debe ser el Estado, de cómo se debe manejar. La idea de que solo se puede gobernar si el Congreso avala las políticas del Presidente es válida, seria y responsable. Sin embargo, la forma en que esos avales se construyen es tan importante como los mismos avales.

En una pasada emisión de Hora 20, su director contaba como en la campaña del Partido de la U le habían comunicado a un banquero de inversión de Nueva York que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso iban a ser fluidas. ¿Cómo? Sencillo: “en el gobierno de Santos cada congresista tendrá su colombina”.

Esto genera una seria preocupación sobre el estilo de gobierno que se pretende implementar o continuar, dirían algunos. Durante el s. XX se desarrolló en economía una corriente de pensamiento que habla sobre la necesidad de instituciones fuertes como presupuesto fundamental para el desarrollo económico. La idea fundamental es que si las instituciones se pueden cooptar, si responden a intereses privados, si las reglas de juego no son claras, cualquier incentivo para el desarrollo se pierde.

Esto ocurre esencialmente porque cuando cualquier inversión puede ser expropiada, bien sea por el estado o por cualquier otro grupo, el incentivo a invertir y generar empleo desaparece. Lo mismo ocurre con la educación, que en últimas es una inversión. Si educarse no genera réditos para la persona porque para conseguir trabajo necesita de una palanca de la que no dispone, invertir en su educación se vuelve muy riesgoso, y se puede llegar al punto en que deje de hacerlo.

Otro tanto ocurre en el Congreso. Si para pasar un proyecto de ley bien intencionado, técnicamente fundamentado y que busque mejorar la calidad de vida de la población, hay que comprometer una parte importante del presupuesto del país, el costo asociado a cualquier iniciativa se vuelve tan alto que podría perfectamente hacer que sus beneficios sean menores que sus costos.

Por esta razón es tan importante cambiar la forma de relacionarse con el Congreso. La idea de “argumento va, argumento viene” tiene la capacidad de transformar esas relaciones. Si de plano se elimina la posibilidad de cambiar el voto de un congresista por una partida presupuestal, esto automáticamente liberará recursos que se podrán focalizar en las poblaciones más necesitadas. Pero además, permitirá que solo los proyectos que beneficien a amplios sectores de la población pasen exitosamente por el Congreso. Mientras que en un entorno en que los votos se compran sólo pasan los proyectos con buen padrino, no los necesariamente benéficos.

Por eso el voto del 30 de mayo es tan importante. Estamos decidiendo entre un país en que el desarrollo solo llega a aquellos con influencia, y un país en el desarrollo llega a todos. Un país en el que las oportunidades son para unos pocos y un país en el que las oportunidades son para todos.

Ojalá tomemos la mejor decisión, para bien de nosotros mismos y de los que vienen detrás. Yo por mi parte anuncio mi voto por el candidato de los argumentos, el que no teme corregir sus errores. Mi voto, este 30 de mayo, será por Antanas Mockus.

Farc, Ingrid y el Rescate

Que desfachatez sacar semejante comunicado

Como todos sabemos las FARC con unas de esas organizaciones que, por su terquedad y aislamiento, terminan por darnos razones, no sólo para despreciar mucho más sus acciones, sino para reírnos un buen rato. El comunicado que sacaron para justificar el rescate de Ingrid Betancourt es una más de esas perlas. Aquí les presento la interpretación que del escrito hicimos un amigo y yo.

Así, las partes que aparecen en negrilla corresponden al comunicado original y las otras a nuestra interpretación:

1. La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el pasado miércoles 2 de Julio, fue consecuencia directa de la despreciable conducta de Cesar y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó.

Queremos pretender que todo fue un montaje y no una buena operación. En consecuencia, vamos a echarle el agua sucia a estos dos sujetos y pretenderemos que su actuación es un hecho supremamente aislado. De esta forma, hacemos claro y evidente que a Cesar y a Enrique no los queremos en el intercambio.

2. Independiente de un episodio como el sucedido, inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses, mantenemos vigente nuestra política por concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio y además protejan la población civil de los efectos del conflicto. De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión.

En caso de que sigan dándonos golpes militares, no tendremos más opción que rogar porque negocien con nosotros. Mientras tanto, seguiremos con la farsa de buscar un intercambio humanitario. Sin embargo, recuerden que siempre estaremos dispuestos a desquitarnos con los secuestrados que aun tenemos.

3. La lucha por liberar a los nuestros y demás combatientes políticos presos siempre estará al orden del día en el conjunto de las unidades farianas, especialmente en su dirección. A todos ellos los llevamos en la mente y en el corazón.

Nos gustaría tener a los guerrilleros, que actualmente se encuentran en las cárceles, en el campo combatiendo a nuestro lado, para que el daño que nos produce la desmovilización no sea tan berraco. Sin embargo, somos concientes de que ya no tenemos gente importante que intercambiar, de modo que pedimos disculpas a la nuestros compañeros en las cárceles. Lo importante es que los llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón.

4. El camino por lograr las transformaciones revolucionarias, en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia ha sido fácil, por el contrario, y por ello nuestro compromiso se acrecienta ante cada nuevo reto o dificultad.

Estamos perdiendo la guerra, pero nos empecinamos en seguirla. Queda constancia de que somos tercos. Y entre más nos aprieten, más tercos seremos… es cuestión de naturaleza.

5. La paz que requiere Colombia debe ser resultado de acuerdos que beneficien a las mayorías, no va a ser la paz de los sepulcros sostenida sobre la corrupción, el terror del Estado, la felonía y la traición. Las causas por las que luchan las FARC-EP siguen vivas, el presente es de lucha y el futuro es nuestro.

Las mayorías de Colombia son exclusivamente el pueblo que quiere un gobierno marxista y comunista.. el resto de ciudadanos colombianos, ese 99%, no cuenta.
Ó
Tal vez si seguimos matando gente (el presente es de lucha) se acabaran todos por lo que el futuro será nuestro. También es claro que preferimos ser nosotros los asesinos a que sea el Estado.

No nos pusimos de acuerdo en esta última.

Señores,

Las interpretaciones paralelas o comentarios a las presentes son bienvenidos.