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¿Qué será lo que esconde una de las familias liberales más importantes, tanto en la historia como en la actualidad, del país?

En El Tiempo le han dedicado, sumando notas, media página INTERNA, al escándalo de Virginia Vallejo. Que, uno pensaría, es la noticia del año.

En Semana han sacado la portada más denigrante de la que me acuerde (omitiendo las de algunos peridodiquitos tipo tabloide).

Las Cuentas de la Lechera

Hagamos un ejercicio sencillo con algunos supuestos. 1) Un bus gasta el doble de combustible que un vehículo particular y 2) Un bus lleva en promedio 10 personas por viaje (este promedio es muy bajo).

Si el bus gasta 5 galones en un viaje entonces: 1) los pasajeros gastan 0.5 galones por viaje y 2) los dueños de vehículos gastan 2.5 galones. Como tanto para los propietarios de vehículo como para los usuarios de transporte público los alimentos vienen en los mismos camiones que usan la misma cantidad de combustible, el subsidio que derivan es el mismo.

El subsidio total que recibe una persona es la suma de lo que recibe por su consumo en transporte (2.5 para propietarios y 0.5 para pasajeros) y lo que recibe vía menores costos de alimentos (igual para todos) la mayor cantidad del subsidio va a parar a los bolsillos de los más ricos. Esto implica que el subsidio es profundamente regresivo.

¿Qué estamos esperando para poner el grito en el cielo por los $2.9 billones que el Gobierno gasta subsidiando combustibles? ¿Dónde está nuestra cultura política y nuestra concepción de justicia social?

Descentralización y Federalismo

En esta columna voy a debatir, con todo el ánimo de entrar en discusión, las propuestas de Salomón Kalmanovitz, a quien admiro y respeto, publicadas en la edición de El Espectador del 15 al 21 de julio de 2006.

Dice Salomón que Colombia sigue siendo un país profundamente centralista, a eso yo añadiría presidencialista, el poder sigue estando increíblemente concentrado en la figura del Presidente. Pero ese tema lo trataré en otra ocasión.

“Los impuestos recogidos por el Gobierno central alcanzaron el 15% del PIB en 2004, mientras que los niveles recaudados por el nivel municipal fueron de 2% y en los departamentales del 1% del PIB.” Esto, en principio, no genera mayor problema, la descentralización no pasa necesariamente por darle el poder a las Entidades Territoriales (ET) de gravar con impuestos a sus habitantes. La descentralización es la capacidad de las ET de disponer de sus recursos la forma en que más influyan en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes.

Si bien es cierto que existe cierta “pereza fiscal” en algunas ET, también lo es que dejarlas en libertad de fijar las bases y tasas de tributación (por ejemplo de predial) genera distorsiones innecesarias en la economía, que poco o nada tienen que ver con la justicia redistributiva, explico. En la medida en que una región, con las mismas características que otra, fije tasas de tributación menores generará migraciones (obviamente mediadas por las dificultades de cambiar de domicilio) hacia ella, en detrimento de la otra y, posiblemente, generando equilibrios subóptimos para el país, es decir, ubicaciones de recursos que no maximizan la producción.

En la medida en que la tasa sea homogénea para todas las regiones se puede esperar que las que presenten mayores niveles de inversión sean las que mejores condiciones (no tributarias) ofrezcan a las empresas. Este es el primer punto, para generar una descentralización real, sólida, sin incentivos perversos y que beneficie a la mayoría. Los impuestos deben ser iguales en todas partes. Para esto valdría la pena evaluar la posibilidad de darle al Congreso de la República la facultad para fijar las tarifas de cada impuesto si hacer la diferenciación entre nacionales, departamentales y municipales.

De esta forma se lograría tener certeza sobre el total de recursos con que cuenta la Nación y se podrían hacer transferencias más cuantiosas hacia las ET sin ir en contra de la viabilidad de las finanzas públicas.

Es también de vital importancia definir claramente las competencias de cada uno de los niveles gubernamentales en términos de educación, salud, vivienda, etc. De esta forma se pueden calcular, con base en el total de recursos del país, las transferencias que se deben hacer para cada nivel municipal, departamental y nacional.

Dice Salomón que “las transferencias del centro hacia la periferia alcanzaron 7% del PIB, las cuales llegaron especificadas por diferentes leyes en cómo y dónde pueden gastarse.” A la afirmación de que la definición de ítems de gasto es per se mala debe tomársele con calma.

En primer lugar es necesario tener claro que el gasto público debe enfocarse en la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población. Esto implica que los ítems de gasto deben estar definidos, esto es, debe existir una ley (Orgánica del Presupuesto) que defina claramente en qué se debe hacer un gasto prioritario, por ejemplo, educación, salud, vivienda y saneamiento básico.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que esos componentes de gasto no deben tener fijadas en la ley sus participaciones porcentuales en el total de los presupuestos de las ET ni de la Nación. Un ejemplo respecto de esto último, si un municipio tiene 100% de cobertura en educación y una excelente calidad en sus colegios, pero tiene sin cobertura de salud a la mitad de la población, es poco práctica una ley de fije 50% del presupuesto para salud y 50% para educación, cuando posiblemente lo que necesita es aumentar el gasto en salud. Este tema ha sido bastante discutido y hay cierto consenso entre los economistas sobre la necesidad de definir claramente el Gasto Público Social.

Resumiendo, si el Congreso fija las tasas de tributación (iguales en todo el país) el sistema evita que haya ET que minimicen esas tasas para 1) beneficiar a grupos de presión y 2) atraer inversión de otras ET. Si se definen claramente las responsabilidades de cada nivel gubernamental y el Congreso define cuales son los ítems de gasto prioritario se puede esperar una mayor eficiencia tanto en el manejo de los recursos como en su impacto en la población. De esta forma se tendría un estado en el que los impuestos los cobra el Gobierno Central, se reparten según las responsabilidades a cada nivel del gobierno y cada ET puede hacer el gasto de la forma que más le convenga a su población. Esto es descentralización. Dar la libertad de fijar tributos y gastos a cada ET es Federalismo y, aunque me gustaría, no creo que Colombia este preparada para eso.

Vivienda, AFCs y Batallas Ministeriales

Según las últimas noticias el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo no se han puesto de acuerdo sobre la benevolencia de las cuentas AFC. Estas cuentas presentan beneficios tributarios para los asalariados que ahorran para compra de vivienda. Sin embargo los reportajes se han quedado cortos en términos de la magnitud de la norma que se pretende cambiar con la propuesta de Reforma Tributaria.

El alcance real de la propuesta, en mi opinión, es la necesidad de eliminar las exenciones tributarias que, en últimas, son gasto de gobierno orientado a “pagar” los impuestos de algunas personas naturales o jurídicas. En la medida en que alguien, que normalmente estaría obligado a pagar el impuesto de ReteFuente, no lo haga, por el sólo hecho de ahorrar en una cuenta AFC, está recibiendo un subsidio del Estado por un valor igual al impuesto que dejó de pagar.

Así las cosas el análisis de la conveniencia de la norma que exime de impuestos a las cuentas AFC debe orientarse hacia la bondad de dirigir gasto público hacia personas que pueden ahorrar para comprar vivienda. Es decir, en un país con profundos problemas sociales como Colombia, donde alrededor de la mitad de la población no tiene acceso a la salud, donde la mayoría de sus habitantes no tiene acceso a la educación superior, es necesario pensar si vale la pena utilizar recursos para subsidiar la compra de vivienda.

Ahora, como este tema tiene tanto de ancho como de largo, es necesario hacer un debate público en el que se trate la necesidad de subsidios para la vivienda en sectores muy claros de la población. Siempre que la norma discrimine a los sectores más ricos de la población, pero se mantenga para los sectores más necesitados, la norma será justa y de paso mejorará la eficiencia del sistema tributario al diminuir el número de exenciones.

Valdría la pena que el Gobierno estudie la posibilidad de mantener el mecanismo para las personas que devengan menos de dos salarios mínimos. Con esto se lograría equidad. Es que uno no pensaría que mantener beneficios para las cuentas AFC de personas que ahorran para comprar un apartamento de 500m2 en la Cabrera le haga un loable servicio a la Nación. Otra cosa ocurre cuando los beneficios se focalizan en la población más pobre y están dirigidos únicamente a la compra de VIS, cuando su fin es vivienda y no arriendo.

Es, entonces, importante hacer un análisis, cuyos resultados arrojen luces sobre que medida es la más provechosa para el país.

Inseguridad y Percepción

En la edición de El Tiempo del miércoles 12 de julio de 2006 aparece un interesante reportaje a la seguridad en las calles bogotanas. Según los datos, que son bastante veraces, la ciudad ha pasado de una tasa de homicidio de 23 por cien mil en 2005 a una de 18 por cien mil en 2006.

A lo anterior se le suma que el robo a viviendas (según la Policía) bajo un 25% y el robo de carros un 29%. Esto muestra una clara tendencia de reducción del crimen en Bogotá, ahora hay algo que preocupa, no aparecen estadísticas sobre los crímenes que más miedo generan en la ciudad, el paso millonario y el robo callejero, ambos contabilizados como hurto en diferentes modalidades.

Estos datos harían entender porque la percepción de la ciudadanía es tan lejana de la realidad que muestran las cifras de homicidios (Bogotá se ubica en el cuarto puesto entre las ciudades más tranquilas del continente).

Ante esto hay que decir dos cosas: 1) que es probable que el hurto haya aumentado y 2) que su aumento se debe a la legislación actual. Cuando uno piensa en los mecanismos para disuadir el crimen se pueden generar dos hipótesis, laxitud de la pena o baja probabilidad de ser impuesta.

Bajo la idea de laxitud de la pena habría que hacer una anotación, durante la última década se han hecho varias reformas a las penas, a veces se han aumentado y a veces se han bajado. Pecando por no tener en cuenta otras posibles razones, lo que muestra la evidencia es que las cifras crimen no ha presentado cambios en su tendencia, es decir, que no han bajado cuando se aumentan las penas, ni aumentado cuando se disminuyen.

Bajo la idea de la probabilidad de ser capturado y juzgado, no es mucho lo que se puede decir a su favor, pues esa probabilidad no ha variado mucho en los últimos años y por lo tanto no hay evidencia de su efectividad. Sin embargo bajo argumentos intuitivos uno podría argumentar que entre más fácil capturen y juzguen las autoridades a los delincuentes, menos interés van a tener ellos en cometer delitos. Es decir, bajo esta idea se reduce más el crimen haciendo cumplir la ley que cuando se endurece.

Ahora, en el caso del hurto se presentan los dos problemas. El delito es excarcelable y los detenidos por sospecha de hurto salen a las dos horas de la estación de policía, lo que les permite volarse, esto implica que la probabilidad de ser capturado y juzgado es muy baja. Esto se puede mejorar endureciendo las penas, posiblemente eso mejoraría la moral de la Policía y los haría más proclives a montar operativos para desmantelas las bandas de atracadores.

De modo que el Alcalde y la Policía deben trabajar para que el impacto de estos dos delitos sea menor y para que la ciudadanía se sienta más segura (se gana más, haciendo de Bogotá una ciudad más segura, si la ciudadanía lo sabe y camina tranquila por las calles). El Congreso debe eliminar la excarcelación de estos delitos y el Gobierno debe buscar los mecanismos para proveer suficientes cárceles y que no se presenten problemas de hacinamiento por causa de los ladrones condenados.

Elecciones

A propósito de las elecciones cuelgo una cita de Rousseau

"La libertad es alimento nutritivo, pero de difícil digestión. Es, por tanto, necesario preparar a los hombres mucho tiempo antes de dárselo".

El problema es que todos tienen el derecho a ese alimento, no podemos pensar en quitárselo, sería aberrante. La única salida que nos queda es seguir preparándolos.

¿No será que necesitamos perentoriamente alguien que nos hable de pedagogía ciudadana?

¿Reforma o Contrarreforma?

El TLC es una muy buena forma de atraer lectores por estos días, sin embargo no es el único ni, posiblemente, el tema que reviste mayor importancia en la actual coyuntura. Sin embargo la revista dinero en su artículo de coyuntura trata otro tema, el de la calificación de riesgo de los TES.

Como es sabido, en días pasados el gobierno mostró los excelentes resultados fiscales del 2005. Un déficit fiscal de 0%, por fin, las finanzas públicas están equilibradas.

Sin embargo analistas han encontrados diversas fallas en esta interpretación que procedo a enunciar (no a explicar porque eso sería la repetición de la repetidera).

1) El gobierno central, que es el al que mayor proporción del déficit le corresponde, sigue presentando balances negativos.

2) El "equilibrio de las finanzas se debe a los superávits de los entes territoriales.

3) A lo anterior se le debe sumar el alto precio del petróleo (ganancias de ECOPETROL) y el bajo precio del dólar (menos gasto en deuda pública externa)

Es decir, el problema fiscal subsiste. Al respecto se busca hacer una reforma que mejore la situación fiscal. Por enécima vez, una reforma tributaria.

Desde luego estoy completamente convencido de la necesidad de una reforma tributaria. Pero no como la que propone el gobierno (que es bastante parecida a la que han propuesto los demás gobiernos, aquí no hay partidismos de ningún tipo).

Como dice la revista Dinero en su última edición "En cuanto a la reforma tributaria, el objetivo general es mantener los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, volver el sistema más competitivo y buscar equidad y progresividad. Para tal fin, el gobierno buscará reducir la tasa de tributación de las empresas para hacerla comparable a la de otros países, ampliar la base y unificar la tarifa del IVA."

¿Cómo es posible que se definda una reforma que baja renta y aumenta la base del IVA como una reforma que busca equidad y progresividad?

1) Si se reduce renta (un impuesto progresivo) y se mantienen los ingresos tributarios constantes, debe aumentarse el IVA (un impuesto regresivo) luego la refoma no busca progrsividad.

2) Si se unifica la tarifa de IVA se debe pensar en lo siguiente. Como sería una locura política aumentar la tarifa, haciendo que todos los productos paguen el IVA que se le cobra a los de mayores tarifas (licores), uno debe esperar que a todos se le cobre el famoso 16%.

Esto presenta un problema, los productos con mayor tarifa son los más lujosos y por consiguiente de consumo de las familias con mayores ingresos. Bajarle la tarifa a este tipo de productos es, de nuevo regresivo.

Los productos que tienen menores tarifas son los más básicos (canasta familiar), subirles al 16% es de nuevo regresivo. Lo que hace a la reforma poco equitativa.

Ampliar la base del IVA es magnificar el alcance de un impuesto regresivo, lo que de nuevo hace a la reforma, regresiva.

¿Entonces que nos queda?

Concluyan ustedes.

Nota aclaratoria: para la buena interpretación de mi posición debo aclarar que yo estoy de acuerdo en bajar la tarifa de renta (no se a cuanto, para eso se necesita un estudio serio del tema), ¡pero eliminar sus exenciones!

Y desde luego aumentar la base del IVA es serio, así como unificar la tarifa, pero esto teninendo en cuenta productos sensibles y mejoras en el recaudo de renta. De otra forma es sólo la manera en que se descarga un impuesto difícil de cobrar para cargar uno con mayores facilidades de recaudo. Todo esto por una contradicción cruelmente burlezca.

Florentino González

A propósito de los comentarios recibidos publico esta cita de Florentino González Secretario de Hacienda de Colombia en 1848

“Libertad para producir y cambiar, he aquí lo que el legislador debe conceder a todos, y dejar a la inteligencia y a la actividad el campo libre para obtener las ventajas, que la poca habilidad o la pereza pretenden conseguir con una protección onerosa para la sociedad entera.”

Informe del Secretario de Hacienda al Congreso Constitucional de 1848.

500 Mil Millones

Para hacer una apertura digna del título del blog voy a reescribir, con su respectiva actualización una idea que algunos ya conocen y que fue entregada en los diferentes correos electronicos de amigos y allegados.

En últimos dias el gobierno anunció el programa de seguridad de ingresos para los productores agrícolas con motivo de la finalización de las negociaciones del TLC. Este programa segun el mismo gobierno costará 500 mil millones de pesos anuales, en principio, durante los próximos diez años, pero el gobierno espera que se haga permanente por medio de una ley.

Dado que el gobierno presenta una restricción presupuestal existente, aunque indefinida, hay que tener en cuenta que cualquier gasto en un bien o servicio, público o no, genera menos gasto en otros bienes o servicos públicos o no.

Como es públicamente conocido creo que los gastos del gobierno deben estar enfocados en la obtención de una mayor cobertura y aplicación de los derechos constitucionales. Por esta razón me permito protestar por el programa de aseguramiento de ingresos al sector agropecuario. Para ilustrar el impacto de este programa recurriré a la estrategia utilizada en el correo enviado con motivo del Incentivo a la cobertura cambiaria (ICC).

Si en vez de utilizar ese dinero en el programa de marras se utilizara en aportes al FOSYGA para la subcuenta del régimen subsidiado se podría aumentar la cobertura en salud de la población más pobre. La decisión de utilizar ese dinero en uno u otro programa depende del gobierno, sin embargo cabe aclarar que aunque la pobreza en el campo es mayor que en las ciudades, los beneficiarios del seguro de ingresos serán, muy posiblemente, aquellos que no se encuentran en condiciones de pobreza y miseria.

Los cálculos. La unidad de pago por capitación del régimen subsidiado(UPCS), sobre la que se giran los valores por cada afiliado a las ARS fue fijada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en $215.712

Esto implica que si el total del dinero del programa de aseguramiento de ingresos fuera al FOSYGA para el régimen subsidiado ¡se podría aumentar la cobertura en 2.317.905 personas!

¿Se imaginan ustedes el impacto social que eso tendría? Salud para cerca de dos millones y medio de nuevos usuarios, frente al, posiblemente, pobre desempeño del esque ma de aseguramiento de ingresos para productores rurales (con acceso al mercado).

Las conclusiones se las dejo a ustedes.

Cambio de Idea

Hace algunos meses decidí publicar algunos escritos de mi epoca de estudiante y asistente de investigación en economía que me es imposible publicar por las restricciones (legales y de sentido común) que se imponen cuando uno es servidor público. Sin embargo nunca recibí comentarios, es más al parecer fueron pocas personas las que visitaron esta página. Mi idea es abrir un espacio en el que se puedan debatir ciertos temas de interés general. Todos esos temas adquieren una mucha mayor importancia cuando tomamos conciencia de la posición privilegiada que ostentamos y sus consiguientes obligaciones. No siendo más los invito a hacer pública o anónimamente los cometarios a los temas que propongo.