El próximo 30 de mayo los colombianos nos enfrentamos a una de las decisiones más importantes para el futuro de nuestro país.
La campaña electoral que ahora termina ha enfrentado dos visiones de lo que debe ser el Estado, de cómo se debe manejar. La idea de que solo se puede gobernar si el Congreso avala las políticas del Presidente es válida, seria y responsable. Sin embargo, la forma en que esos avales se construyen es tan importante como los mismos avales.
En una pasada emisión de Hora 20, su director contaba como en la campaña del Partido de la U le habían comunicado a un banquero de inversión de Nueva York que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso iban a ser fluidas. ¿Cómo? Sencillo: “en el gobierno de Santos cada congresista tendrá su colombina”.
Esto genera una seria preocupación sobre el estilo de gobierno que se pretende implementar o continuar, dirían algunos. Durante el s. XX se desarrolló en economía una corriente de pensamiento que habla sobre la necesidad de instituciones fuertes como presupuesto fundamental para el desarrollo económico. La idea fundamental es que si las instituciones se pueden cooptar, si responden a intereses privados, si las reglas de juego no son claras, cualquier incentivo para el desarrollo se pierde.
Esto ocurre esencialmente porque cuando cualquier inversión puede ser expropiada, bien sea por el estado o por cualquier otro grupo, el incentivo a invertir y generar empleo desaparece. Lo mismo ocurre con la educación, que en últimas es una inversión. Si educarse no genera réditos para la persona porque para conseguir trabajo necesita de una palanca de la que no dispone, invertir en su educación se vuelve muy riesgoso, y se puede llegar al punto en que deje de hacerlo.
Otro tanto ocurre en el Congreso. Si para pasar un proyecto de ley bien intencionado, técnicamente fundamentado y que busque mejorar la calidad de vida de la población, hay que comprometer una parte importante del presupuesto del país, el costo asociado a cualquier iniciativa se vuelve tan alto que podría perfectamente hacer que sus beneficios sean menores que sus costos.
Por esta razón es tan importante cambiar la forma de relacionarse con el Congreso. La idea de “argumento va, argumento viene” tiene la capacidad de transformar esas relaciones. Si de plano se elimina la posibilidad de cambiar el voto de un congresista por una partida presupuestal, esto automáticamente liberará recursos que se podrán focalizar en las poblaciones más necesitadas. Pero además, permitirá que solo los proyectos que beneficien a amplios sectores de la población pasen exitosamente por el Congreso. Mientras que en un entorno en que los votos se compran sólo pasan los proyectos con buen padrino, no los necesariamente benéficos.
Por eso el voto del 30 de mayo es tan importante. Estamos decidiendo entre un país en que el desarrollo solo llega a aquellos con influencia, y un país en el desarrollo llega a todos. Un país en el que las oportunidades son para unos pocos y un país en el que las oportunidades son para todos.
Ojalá tomemos la mejor decisión, para bien de nosotros mismos y de los que vienen detrás. Yo por mi parte anuncio mi voto por el candidato de los argumentos, el que no teme corregir sus errores. Mi voto, este 30 de mayo, será por Antanas Mockus.
