Cervezas e Ingreso

Por esas cosas que pasan muy poco en la vida, ayer terminé en un coctelillo ofrecido por la única casa cervecera del país, por demás multinacional, en honor a una de sus marcas más elitistas. O por lo menos eso es lo que ellos intentan que sea. La italiana Peroni.

El lanzamiento de esta cerveza ha sido delirante. Por un lado la presentación en sociedad se hizo con un coctel en uno de los clubes más importantes (y costosos) del país. Como si esto fuera poco, las invitaciones al lanzamiento iban acompañadas de sendos IPODs de 2GB. A esto se suman las ingentes erogaciones que exige el bar que abrieron en uno de los lugares más exclusivos de la capital. Donde la cerveza, la comida y los cigarrillos son gratis y el ingreso es con membresía, que también es gratis.

El coctelillo de ayer tenía una extraña razón de ser. Además de las ya esbozadas ostentaciones, la casa cervecera quería hacer uso de sus, al parecer, ilimitados recursos. Así trajo, sólo por mostrar, seis carros británicos con la insignia de tan particular cerveza. Y aunque se les fue la luz (problemas con una hidroeléctrica de nuestro sobrecargado y sobreofertado sistema interconectado), ese no será el problema que rápidamente mostraré.

Vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo mental. Con esto quiero evidenciar tres cosas: 1) la casa cervecera tenía que ser multinacional, de otra forma uno no entiende como es que no conocen el mercado nacional; 2) la gerencia de la marca de la particular cerveza nunca vio los World Development Indicators o cualquier reporte del DNP en que se mostraran algunos indicadores de desarrollo humano del país; y 3) la imperiosa necesidad, para los hombres prácticos, de tener entre sus nóminas a hombres teóricos, que impidan la comisión de estupideces de alto nivel y aún más alto costo.

Veamos lo siguiente. En Colombia habitamos cerca de 40 millones de personas, un mercado poco despreciable. El mercado snob, que compraría la particular cerveza es únicamente el urbano, esto es el 70%. Esto nos deja con un mercado de 28 millones.

Sin embargo alrededor del 40% son pobres, es decir que el 40% de los colombianos no participa del mercado. Esto nos deja con un mercado de 11 millones. A eso se le restan los menores de edad, cerca de la mitad, lo que deja un mercado de 6 millones. Suponga que la mitad de la gente no pobre puede comprar una cerveza cara, porcentaje muy alto por demás, luego el mercado potencial es de 3 millones. A eso corríjase por gustos de los consumidores y preferencia por marcas y con suerte tendrá un mercado de 500.000 consumidores de cerveza de alta calidad.

Ahora, relance la cerveza premium más vieja de la casa cervecera nacional e importe otra cerveza, es decir, divida el mercado potencial en tres. Queda usted con una demanda potencial de 160.000 individuos. ¿Y cómo va a hacer para cubrir los onerosos costos en los que incurrió, con tan poca demanda? Definitivamente a la gente práctica le falta asesorarse de gente teórica.

Ahora hagámoslo más rápido. Un ser práctico muy intuitivo haría todos los cálculos de arriba, un teórico miraría las cosas así: El 40% del ingreso se concentra en el 10% más rico de la población. Es decir que sólo cuatro millones pueden comprar la cerveza. Luego corrijo por los menores de edad y hago cálculos para ver si la cerveza retorna la inversión. En este ejercicio quedo con unos 100 a 150.000 potenciales consumidores.

Como sea que se haga, nunca se recupera la inversión, es decir, que: o los gerentes de la cervecera asumieron que los ricos colombianos son pocholos y alcohólicos, o simplemente no saben hacer negocios en Colombia.

Del Horror y la Esperanza

Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Lanterne
Und steht sie noch davor
So wollen wir uns wieder seh'n
Bei der Lanterne wollen wir steh'n
Wie einst Lili Marleen.

Así cantaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un soldado, cuya amada, Lili Marleen, lo espera bajo la luz del cuartel. Esta mujer representa la esperanza del soldado. Representa el amor por la vida. El anhelo por un futuro sin guerra.

No podría encontrarse una mejor descripción del sentimiento que me embarga en estos momentos. Como es sabido por todos, en las últimas semanas los escándalos sobre nexos entre políticos principales y grupos armados ilegales han aparecido en las páginas de todas las publicaciones periodísticas.

La esperanza que me atiende, no es más que la ilusión de ver una Colombia en la que el progreso, con todos los ideales de igualdad, justicia y desarrollo que conlleva, no se vea salpicado por las máculas de las actividades más bajas que contempla la condición humana.

No es fácil, para un espíritu libre, entender las razones que nos llevan a los colombianos a dedicarnos a las actividades más inoficiosas. Durante las últimas décadas, nos hemos dedicado a alimentar la avaricia, la búsqueda rápida y poco esforzada de posición social. Hemos ensalzado la consecución de riqueza por mecanismos ilegales. Hemos perdido el respeto por la intelectualidad. Hemos destruido la idea de dignidad hasta el punto de parecernos ridícula. Hemos violado sistemáticamente nuestros principios. Los principios liberales, justos e igualitarios sobre los que se construyó inicialmente el país. Vergüenza sentirían nuestros fundadores liberales al ver el estado al que hemos llegado.

Aunque hemos avanzado en términos sociales y de desarrollo, el respeto por la vida humana va en decadencia. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes mantiene un nivel de crecimiento, aunque discreto, positivo; y por lo tanto preocupante desde la década de 1930 hasta nuestros días. Cuando los abuelos dicen que todo tiempo pasado fue mejor tienen razón. Antaño la gente no tenía derechos económicos, pero tenían derecho a la vida.

La falta de memoria que aqueja a nuestra sociedad, no puede ser descrita de otra forma que como mezquina. Ha generado la posibilidad de repetir con el beneplácito social, las peores formas de apropiación y extracción de rentas por parte de los privados. Esos privados que son muy pocos y defienden aguerridamente su libertad.

La desaprobación de ese tipo de conductas parece no ser necesaria. Los colombianos pensamos que los grupos ilegales se pueden catalogar entre malos y no tan malos, cuando lo cierto es que todos son igual de perjudiciales.

De hecho a los grupos ilegales se les debe buena parte de la poca disminución de la pobreza en los últimos años como lo demuestran varios trabajos académicos. Son responsables de la destrucción del poco capital físico nacional, que se debe reponer con el bajo ahorro interno, es decir: son responsables, en el largo plazo, de las bajas tasas de crecimiento que presenta la economía. Y lo que es peor de todo, son responsables de la destrucción del capital humano.

Cuando el Estado invierte en educación está entregándoles a los más pobres el generador de flujo de caja más importante que ha conocido la humanidad. En general, la educación tiene tasas de retorno del orden del 400% (en periodos iguales a los invertidos) y no sólo eso, sino que no se no se deprecia sino hasta pasada más de la mitad de la esperanza de vida del individuo. Pero esto a nadie le importa. A nadie le parece necesario denunciar esto. Los medios sólo se han dedicado a crear escándalos y a vender pauta. Qué más se espera de un país con esa población.

El propósito de esta columna, no fue otro que describir y calificar. No presenta argumentos ni soluciones. No es más que una invitación a la reflexión. Esa reflexión junto con las conclusiones de cada ciudadano y la creación de memoria nacional, es la única solución a este desagradable e ignominioso proceso histórico en el que se encuentra el país.

Mi abuela decía que la gente tiene lo que se merece. Ojalá los colombianos no sigamos en la modorra que nos hace merecedores de esta aberración.

Bilingüismo a las Escuelas Públicas de Bogotá

El Distrito ha tomado la mejor decisión en el marco de la lucha contra la pobreza, mejorar la calidad de la eduación de los más pobres.

Poca atención han dado los medios de comunicación a la importante iniciativa aprobada por el Concejo de Bogotá, en la que se consagra como una política del Distrito la capacitación en el idioma inglés de los maestros de los colegios oficiales. Una vez terminado este proceso, el reto es que los 50.000 alumnos que se gradúan anualmente de colegios oficiales en Bogotá salgan con un dominio elevado del inglés.

Crítica a los medios.

Aunque esta iniciativa tiene un efecto importantísimo en disminución de la pobreza, los medios de comunicación no le han dado el alcance que se merece. Una mejora en la calidad de la educación que se imparte a las personas de los niveles socioeconómicos más bajos, tiene el efecto de: mejorar la competitividad de la ciudad frente a otras regiones del país; especializar a Bogotá en negocios internacionales con miras al TLC; generar mayores crecimientos económicos en la ciudad; una disminución del desempleo en el futuro; mejores oportunidades laborales para las personas menos favorecidas; y, lo más importante, una disminución drástica de los niveles de pobreza en la ciudad. Sin embargo los medios de comunicación le han dado más importancia al problema vial, que en general, es ocasionado por el 4% de bogotanos que tienen acceso al transporte particular, algo entendible, pues son esos bogotanos los que compran periódicos.

Como siempre ha sido el ánimo de esta columna, celebramos la decisión, tanto del Gobierno Distrital como de todas las bancadas con escaños en el Concejo capitalino, de darle mayor prioridad a la educación de las personas menos favorecidas que a otros problemas que afectan a la minoría más favorecida de la ciudad.

Es importante hacer énfasis en los efectos inmediatos de una decisión política creíble, en el sentido de llevar a feliz término un programa que aumente el número de personas bilingües en la ciudad. Este tipo de programas mejoran drásticamente la productividad de la ciudad en el largo plazo. De esta forma, los inversionistas extranjeros traerán más iniciativas empresariales a la ciudad, al ver las posibilidades que se les ofrecen en el mediano plazo, lo que mejorará las oportunidades de empleos de calidad para los bogotanos.

Falta esperar que el Gobierno Nacional haga suyo este encomiable ejemplo de la buena política que se ha generado en el Distrito en las últimas cuatro administraciones e implemente un programa, en el mismo sentido, para todo el territorio nacional. Esta es una estrategia de lucha contra la pobreza con mejores y más sostenibles resultados, que los subsidios a la gasolina que tanto hemos criticado en este espacio.

La Banca para los Pobres

El Gobierno quiere que uno llame a la tienda del barrio a pedir Coca Cola 2lts y una tarjeta de crédito. ¡Por favor!

En los últimos días Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, presentó, en el diario El Tiempo, sus reacciones a las conclusiones de los estudios de la Misión Pobreza.

El Tiempo destaca una reacción: la largamente sostenida discusión sobre el sistema pensional de Pilares. Bajo este sistema todo lo avanzado en profundización de los mercados financieros, la correcta ubicación de recursos entre empresas, la competencia por las tasas de interés en los títulos de deuda pública y las bajas tasas de interés que benefician a los clientes del sector financiero se eliminaría. Un sistema de pilares no es otra cosa que el sistema que existía antes de la Ley 100 de 1993 para los más pobres y un sistema de ahorro individual (como el actual) para los más ricos.

Sin embargo nada se dice de un problema que le compete a la Superintendencia Financiera. A saber: el riesgo moral que subsiste en el mercado de activos financieros por la existencia de bancos y fondos de pensiones con el mismo dueño.

Explico el problema. La razón de ser de un banco es prestar plata. La tasa de interés a la que presta está determinada por diversos factores, pero en general se puede resumir en la oferta y la demanda por liquidez que se presente en el mercado.

Un fondo de pensiones es básicamente un gran jugador con mucha liquidez, que influye decisivamente en el nivel de la tasa de interés. En la medida en que tiene recursos suficientes para hacerla bajar al prestarle (por medio de la bolsa de valores) a las grandes empresas, puede liberar recursos del sector financiero para los pequeños clientes (las personas naturales).

Si un fondo de pensiones es propiedad de un banquero, tanto el banco como el fondo pueden prestar a la misma tasa de interés artificialmente elevada. Esto hace que tanto bancos como fondos de pensiones tengan los mismos incentivos y funcionen como un cartel. Desde luego este comportamiento termina por ir en contravía de lo inicialmente planteado al crear las cuentas de ahorro individual y elimina la posibilidad, para los pequeños demandantes de crédito, de beneficiarse del ahorro de largo plazo de la economía.

Por esta razón, nos permitimos defender, desde aquí, la imposición de normas más duras para la tenencia de fondos de pensiones por parte de los bancos. De esta forma se podría garantizar una caída más acelerada de la tasa de interés y mayores beneficios, en términos de costo de los créditos, para los más pobres. Esta es la verdadera banca de las oportunidades. Una reforma en este sentido tiene efectos mayores en el acceso al sistema financiero que las peluquerías con cuentas de ahorro en los pueblos más alejados, como extrañamente argumenta el Gobierno.

Una Contradicción Cruelmente Burlesca

La cobertura universal en salud cuesta $9.7 billones.

El pasado 9 de octubre el Departamento Nacional de Planeación anunció la culminación del proceso de depuración de la base de datos del SISBEN. Dentro de los principales resultados se encuentra que: entre los niveles 1, 2 y 3 suman 31,3 millones de colombianos. Así mismo el DNP encontró que en los niveles 1 y 2 hay 26,3 millones de colombianos.

Dentro de los hallazgos más importantes está el saneamiento de alrededor de 6 millones de dobles registros, lo que inflaba los costos proyectados para ofrecer salud, educación y subsidios de vivienda, para los más pobres.

Sin embargo no todo es color de rosa. El gobierno sigue sacándole el cuerpo a la cobertura universal en las tres áreas mencionadas. Cerca de la tercera parte de la población sigue sin cobertura en salud; los resultados en educación básica, aunque estimables, no alcanzan para llegar a las comunidades más pobres; y en el caso de los subsidios de vivienda ($724.855 millones y 600 mil familias el próximo año) aún queda una brecha entre el sector urbano y el rural que apenas se está empezando a cerrar.

Dimensionando sólo uno de los tres temas más importantes para la población, la salud, que se facilita por la presencia de costeos fijos y fácilmente medibles, se llega a lo siguiente. La unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPCS), sobre la que se giran los valores por cada afiliado a las ARS fue fijada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en $215.712 para 2006.

Como se dijo anteriormente, el gobierno estima que cerca de 23,6 millones de personas se catalogan como SISBEN 1 y 2, así mismo los niveles 1, 2 y 3 representan cerca de 31,3 millones. De esta forma dar cobertura universal para los niveles 1 y 2 cuesta cerca de $5,7 billones y cuando se incluye el nivel 3 el costo asciende a $6,8 billones.

Sin embargo estos cálculos se debe corregir por las diferencias entre regiones, asumiendo un sobrecosto de 20% por este concepto el valor total llega, para niveles 1 y 2 a $6,8 billones e incluyendo el nivel 3 a $8,1 billones.

Pero aún hace falta incluir los costos financieros y algún nivel de ineficiencia en las entidades que administran los recursos. De nuevo, si se supone un sobrecosto de 20% las erogaciones necesarias quedan así. Para niveles 1 y 2, $8,2 billones; cuando se incluye el nivel 3, $9,7 billones.

Ahora, el Presupuesto General de la Nación para el año 2006 asciende a $107,5 billones, es decir que el costo de un programa que llevaría salud a la totalidad de los colombianos pobres sólo costaría el 9% del total de recursos que gasta al año el Gobierno.

Sin embargo constantemente el Gobierno le dice a la opinión pública que no hay plata, demoran semanas en solucionar problemas como el recientemente surgido con el Hospital Materno Infantil, gasta $2,9 billones en subsidios a la gasolina y cerca de $3 billones en construcción de carreteras.

Como siempre se ha defendido aquí, lo público no es un acto de decidir qué es bueno y qué es malo, lo público es un acto de priorizar. Y de nuevo, el Gobierno ha fallado en esta tarea. El mismo Gobierno que pretende dar cobertura en salud con los escasos recursos de la Nación, ha dado más peso a la gasolina de los Volvo y a las carreteras para las Toyota. Todo esto por una contradicción cruelmente burlesca.

Aborto, Uniones del Mismo Sexo, Pederastia y Excomunión

Resultan, desde todo, punto de vista aterradores los dos casos de sacerdotes colombianos con perversas debilidades hacia sus fieles más jóvenes.

En la última semana se denunciaron públicamente dos terribles casos de sacerdotes que practicaban constante y sistemáticamente abusos sexuales contra niños. Sin embargo, los afectados han tenido que buscar justicia en México y Estados Unidos. El argumento de la justicia colombiana es que no hay posibilidad de llevar un proceso, pues estos delitos ya precluyeron, es decir, se pasó el tiempo. Esto es lo mismo que decir: “Como no hice nada para castigar a los culpables, porque la gente no denuncia, ahora que denuncia no hago nada porque ya todo es muy viejo.”

Cosas interesantes. Supuestamente el Congreso estaba tramitando, hace unos años, una ley que haría que este tipo de delitos (violaciones a menores) no precluyeran. Pero al parecer no pasó y si pasó, parece ser que no se aplica para los viejos.

Pero ese es el menor de los problemas. En un país donde se cometen alrededor de diez millones de delitos al año y se judicializa un millón. Donde la mayoría del país aún funciona con el vetusto sistema penal escrito y donde cada caso, por simple que sea, puede constar de, al menos, unas quinientas páginas, que la justicia sea coja es algo completamente entendible.

El mayor de los problemas. Imagínense una entidad que moraliza al pueblo. Esa entidad está encargada de evitar los excesos de sus afiliados. Les prohíbe conductas como el uso del condón (por truncar una vida potencial), el aborto (por segar una vida existente) y las uniones del mismo sexo (por ir en contra de la familia natural, que es la que procrea y da vida). Es más, a aquellos que incurren en esas conductas los excomulga. Pero esa entidad, para desilusión de sus afiliados, no hace nada respecto a sus emisarios mal-comportados.

Cuando a la Iglesia se le contradice o se hace algo que no es permitido por su credo, salen a los medios de comunicación a decir hasta misa. Cuando son sus sacerdotes los que pecan terriblemente, los envían a un convento en Europa, los trasladan y no dicen nada.

Es indescriptible esa superioridad de los sacerdotes, que los hace inmunes a la calificación como pecado de sus conductas más terribles. A ninguno de estos destructores de vidas (¡de vidas de niños!) los han excomulgado, ni pública ni privadamente.

Con toda certeza, si Dios existe y es tan bueno como los sacerdotes predican, no debe sentirse muy agradado por una Iglesia que hace lo que hace la Católica.

Ojo: Obispos y Cardenales, incluso las más buenas obras se pueden dañan por errores pequeños, y en este caso, el error es gigantesco.

Las Locuras de Caballero

Revisen este artículo sobre las excenciones a la cultura.

http://portal2.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=97041

Comento el artículo.

Como siempre, el señor Caballero, quien es un excelente escritor, ha decidido opinar sobre temas sobre los que, obviamente, es experto.

¿Cómo se le ocurre a Alejandro Gaviria hablar sobre tributación? ¡Él es sólo un economista!

Como si fuera poco, Gaviria lo que escribe lo hace si la fanfarronería de la élite bogotana. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que se sabe igual que el resto de los mortales?

El señor Caballero sí que sabe de los efectos sobre la distribución del ingreso que tienen las exenciones tributarias a la cultura. ¿Y cómo no? si él toda la vida ha estudiado el tema, no hay sino que ver la cantidad de estadísticas que maneja; la bibliografia sobre impuestos que ha leído y que cita en sus artículos; y desde luego, el acervo de conocimiento que tiene sobre el contenido del diccionario.

Es que no es posible que haya gente lo suficientemente inepta como para decir, que "alguien, sólo por tener una ortografía, una gramática y una semántica intachables no está calificada para hablar de economía".

Lo único que falta es que el señor Caballero decida decirles a los médicos cirujanos cardiólogos cómo se debe operar a alguien a corazón abierto. Seguramente esos médicos no escriben correctamente.

Por cierto, he de decir que además de los argumentos sobre ortografia, semántica y sintaxis, no vi ningún argumento económico sobre la conveniencia de esas exenciones. El conocimiento del diccionario es loable, pero pensar que un argumento basado en eso es suficiente para derrotar un discurso económicamente fundamentado, no es más que necedad.

El Peligro de los Incentivos

La semana pasada se reveló un escándalo de grandes proporciones que puede afectar seriamente la política fundamental del Gobierno, la Seguridad Democrática. Las revelaciones que hizo el jueves pasado el diario El Tiempo sobre la posibilidad de que militares hayan creado atentados ficticios, para mostrar a la opinión pública la efectividad de sus organismos de inteligencia, deja al descubierto un serio problema de incentivos al interior del Gobierno.

En la medida en que los incentivos creados (recompensas y exigencia de resultados) generan una creciente presión sobre los organismos de seguridad del Estado, se está sembrando la semilla, no sólo de fraudes como los que sugieren los medios, sino de atropellos contra la ciudadanía.

Dentro de las posibles consecuencias se encuentran las posibles detenciones arbitrarias que se llagarían a dar, por parte de las autoridades, en busca de resultados en la lucha contrainsurgente.

Desde luego, este tipo de incentivos, que bien aplicados pueden tener efectos loables en la lucha contra los grupos alzados en armas, pueden generar atropellos contra la ciudadanía, que no se compadecen con el fin que persiguen, por más importante que este sea.

Por esta razón el Gobierno debe revisar y replantear su programa de incentivos, creando un nuevo programa que permita obtener los mismos resultados, sin que se presente una alta probabilidad de atropellos contra la ciudadanía ni de fraudes como los que denuncian los medios.

Por otro lado, es claro que la función de la fuerza pública es proteger a los ciudadanos, por encima de todos, sin importar si esta protección genera resultados concretos o no. En este caso, el único resultado es la protección de la vida de los ciudadanos no combatientes. Cualquier intento, al interior de las fuerzas, por presentar resultados con fines diferentes a la protección de la ciudadanía es detestable per se y el Gobierno, como bien lo ha dicho respondiendo al llamado de los medios, debe extirpar de raíz ese tipo de comportamientos.

Peligro: Niños Trabajando

El nuevo código del menor trae la excelente idea de convertir el trabajo, de los niños menores de 15 años, en explotación. Desafortunadamente esta norma tiene que ir acompañada de acciones concretas. Deben existir mecanismos que permitan hacer cumplir la ley. El Gobierno debe tener claro que mientras no haya quien haga cumplir la ley, las penas, las multas y toda clase de castigos legales, por más altos y dolorosos que sean, van a ser desatendidos.

Esto es, como siempre, algo relativamente fácil de entender. Si la pena por poner a trabajar a un menor de quince años es, por poner un ejemplo, cien años de cárcel, pero no hay quien haga cumplir esa pena, la ley tendrá el mismo efecto que si la pena fuera de diez años o incluso si no hubiera. De nuevo, esto es un juego donde no sólo se debe tener en cuenta la severidad del castigo sino la probabilidad de sufrirlo.

Sin embargo no parece haber mecanismos para eso. En la anterior normatividad estaba prohibido explotar a los niños obligándolos a pedir limosna en un semáforo, sin embargo no conozco persona alguna que no haya visto a pequeños de menos de diez años mendigando cualquier moneda. Esto pasa incluso en las narices de la policía, que muchas veces esta cerca del semáforo para coger a los conductores que se lo vuelan en rojo.

En últimas, aquí se defiende, como ya se ha hecho, la necesidad de hacer más eficiente el trabajo de la policía, que aunque ha hecho serios esfuerzos en la última década, aún tiene cosas para mejorar.

Pero no sólo aumentar la probabilidad de ser castigado por violar la ley es suficiente. El ser humano tiene, como la mayoría de los seres vivos, un fuerte instinto de conservación, así que, incluso si el castigo por obligar a trabajar a un menor de quince años es alto y con certeza se recibe si se transgrede la ley, a los padres cuyos hijos no tengan posibilidades de estudiar ni capacidad de generar ingresos suficientes para el mantenimiento de sus familias, seguirán obligando a sus hijos a trabajar.

De nuevo, no sólo basta con hacer la ley dura, ni siquiera basta con hacer cumplir la ley de forma eficiente. Deben existir mecanismos de asistencia a las familias más pobres para que el cumplimiento de la ley no sea un acto suicida. De esta forma la familia que prescinda de enviar a sus hijos al trabajo, podrá alimentarlos y educarlos. Sin estas condiciones la ley será letra muerta y cualquier otra forma de hacer que se cumpla será pura demagogia.

Seguros y Arriendos

Hasta los más legos en temas de finanzas han escuchado alguna vez la frase que dice: “No pongas todos los huevos en la misma canasta”. Esta frase evidencia algo que va más allá que el simple hecho de diversificar, es el resultado de una maximización del bienestar de una persona bajo grandes incertidumbres y poca devoción por el riesgo.

El caso de los arrendadores es uno muy claro, en este caso no solo se está jugando a maximizar los ingresos esperados, sino que también se tiene en cuenta el hecho de que, bajo ciertas condiciones de mora del inquilino, se puede terminar perdiendo una parte sustancial del patrimonio.

Para solucionar estos problemas, nuestro avezado sistema financiero, en especial las aseguradoras, han decidido generar una importante innovación, a saber: los seguros de arrendamiento. En principio este tipo de seguros mejora el panorama tanto para arrendadores como arrendatarios.

En este caso, los arrendadores tienen certeza de que van a recibir el arriendo mensualmente, los servicios se pagarán puntualmente y que estarán exentos de cualquier obligación al terminar el contrato. En el caso de los arrendatarios, uno esperaría que el seguro cobrara una póliza que evitara el poco agradable trabajo de encontrar un codeudor.

Sin embargo esto no ocurre. Aunque la lógica indica que los inquilinos morosos son una proporción relativamente baja del total de inquilinos y aunque el costo de la póliza sea relativamente alto (en promedio 4% del valor anual fuera de los costos de estudio de la póliza y asesoría en la redacción del contrato), al parecer a las aseguradoras eso no les alcanza para obtener una ganancia “decente” y cubrir los costos de los morosos.

Asumamos que el 1% de los arrendatarios entran en mora durante todo un año y que los contratos de arrendamiento tienen el mismo valor. En este caso la aseguradora esta ganando alrededor del 3% del total de contratos que asegure. Incluso si sus costos son exageradamente altos, digamos la mitad de sus ingresos netos, la ganancia (1.5%) es suficiente para un negocio tan seguro y en el que no se tienen que hacer mayores inversiones iniciales. Luego de montada la aseguradora no hay razón para pensar que ofrecer el seguro de arrendamiento tenga un costo especialmente alto.

Como es de esperarse, en caso de mora, la aseguradora inicia los procesos de cobro jurídico correspondientes contra el arrendatario, luego un arrendatario en mora no implica, en principio, la pérdida total del dinero. Es decir, que el 1.5% de ganancia sobre el total de los contratos de arrendamiento, puede subir a 1.8% si sólo se recupera el dinero en la tercera parte de los casos. ¡Ojo, ese 1.8% representa el 45% de los ingresos de la aseguradora!

Pero ahí no para la cosa, en algunos casos las aseguradoras piden hasta dos codeudores solventes con finca raíz, es decir, piden lo mismo que las inmobiliarias. Si ese es el caso, para un inquilino, no hay mucha diferencia entre el seguro y el arrendamiento con inmobiliaria, los costos aumentan por la póliza y la búsqueda de codeudores subsiste. Ese tipo de innovación poco servicio le hace al mercado de arrendamiento (¡en un mercado también se tiene que incentivar la demanda!).

El Gobierno debería tomar cartas en el asunto para que las aseguradoras, o bien monten filiales que trabajen como inmobiliarias, o bien asuman la responsabilidad que les compete de acuerdo a su razón social. Es increíble que en Colombia las aseguradoras no quieran correr riesgos. ¡Ese es su negocio!

¿El Estado debe Proveer Todo?

La idea de que el Estado debe proveerlo todo a todos está bastante enquistada en la sociedad colombiana. Las constantes comparaciones entre el Estado colombiano y el danés, por ejemplo, son muestra de esta idea de que el Estado debe proveerlo todo. Por esta razón las campañas políticas se limitan a prometer el oro y el moro.

Sin embargo, las restricciones existen. El monto total de recursos de que dispone el Estado no es ilimitado, incluso, en contra de las percepciones de la ciudadanía y las demandas de los políticos tanto de derecha como de izquierda. Es divertido ver como entre más radicales son sus posiciones más recursos exigen del Estado. Es divertido ver que tanto la derecha como la izquierda, en sus versiones más radicales, propenden por el mismo modelo económico, un modelo estatista que garantiza posiciones privilegiadas a algunos pocos individuos con base en el uso exagerado de recursos que en últimas minan en equilibrio macroeconómico.

Desafortunadamente ese Estado no es más que una utopía, ¡no existe! Pero aún más preocupante, Colombia ha tenido históricamente una tradición política en la que, en campaña, se promete el oro y el moro, pero en el ejercicio del poder se respetan las restricciones presupuestales. Hoy en día esta tradición, aunque no parece romperse del todo, si está siendo dejada a un lado.

La idea de que el Estado debe proveer todo se ve en los $2.9 billones para subsidios a la gasolina. Y en el presupuesto de inversión se ve en un billón de pesos en inversión para el sector agropecuario. Se ve en $724.855 millones en el sector de ambiente y vivienda. Se ve en $2.9 billones del sector transporte.

Revisemos esos rubros. El de la gasolina se analizó en una columna anterior, luego aquí puedo decir simplemente que es un subsidio que beneficia a los más ricos.

Sector agropecuario, un billón de pesos. Con estos dineros se hará mantenimiento o construcción de 19.000 has. de distritos de riego así como se avanzará en 17% en los mega-distritos de Triángulo del Tolima y Ranchería en la Guajira. Si estos distritos tienen una fuerte composición de pequeños productores cabría pensar que hacen parte de la labor social del Estado, si no es así, entonces se está haciendo gasto regresivo. Pero omitiendo eso, es importante saber que se pueden generar esquemas de financiación donde el Estado sólo da acompañamiento y los usuarios ponen la plata, y no como en la actualidad, donde el Estado hace todo.

Se adjudicarán 30 mil has a 12 mil familias desplazadas, 100 mil a indígenas y 298 mil a campesinos. Es decir que los indígenas, que tienen adjudicado más de la mitad del país, reciben el 8.5% del total de tierras. Aún cuando son una minoría cuando se les compara con campesinos y desplazados y sobre todo, cuando poseen, repito, más de la mitad de las tierras del país.

Es que el ejercicio de lo público es un acto de priorización, como no hay plata para todo, uno tiene que mirar que es lo más importante, pero al parecer eso no se ha hecho.

Sector de ambiente y vivienda, $724.855 millones. En este caso la priorización se hizo bastante bien, se busca beneficiar 600 mil familias con acueducto, alcantarillado y aseo. Este tipo de programas disminuyen fuertemente la incidencia de enfermedades como la disentería, fuente de buena parte de la mortalidad en los primeros años de vida.

Sector transporte, $2.9 billones. Aquí se nota la total falta de priorización. Si los recursos son limitados uno debe buscar estrategias para disminuir costos de tal forma que los recursos se puedan focalizar en los sectores prioritarios. Por ejemplo, construir una carretera es bastante costoso, sin embargo bajo un sistema de concesión se puede proveer la carretera haciendo erogaciones mínimas.

Sin embargo los programas de este sector se ven así. Pavimentación y mantenimiento de vías por medio de contratación directa, 22.331 Km. Mantenimiento de vías por medio de concesión, solo en cuatro proyectos. Asumiendo que las concesiones de los cuatro proyectos son increíblemente extensas, es decir, en promedio 1.000 Km. tan solo el 15% de los proyectos se haría por medio del método “barato”, mientras que el resto, ¡85% de los proyectos se hace por el método caro!

De nuevo, aunque todos los gastos son buenos y benefician a muchos colombianos, la hacienda pública es un acto de prioridades, hay que priorizar, no decidir que es bueno. Es exactamente lo mismo que cuando un padre de familia decide pasar las vacaciones en la casa para poder pagar el colegio de sus hijos, no es que las vacaciones no sean buenas, es un acto de priorización. A los colombianos nos falta exigirle más activamente al Gobierno que invierta en los temas prioritarios, al final de cuentas, lo que pasa en este país es culpa nuestra.

¿ISS o no ISS?

Oh, mia patria si bella e perduta!
Oh, membranza si cara e fatal!

El pasado 2 de agosto el gobierno anunció su intención de dividir el Seguro Social en tres entidades. De esta forma cada una se puede dedicar a administrar un solo negocio, EPS, riesgos profesionales y pensiones.

La decisión se sustenta, según el Gobierno, en los altos costos operativos del ISS, que ascienden al 135% de sus ingresos y que lo ponen en una situación inviable.

Los costos de ISS, en términos de los ingresos son: 94% en salud (EPS), 25 % en convención colectiva (prerrogativas de sus empleados) y 16% en administración.

El Gobierno pretende crear tres entidades sostenibles, es decir que sus costos sean máximo el 100% de sus ingresos (lo que haría imposible invertir y pondría al las instituciones en serios problemas de liquidez).

Ahora, para que esto sea posible los ingresos de la EPS deben ser iguales a, al menos, el 94% de los costos actuales, cosa que se ve difícil de alcanzar. En este punto hay dos posibles problemas: 1) El Fosyga no paga oportunamente al seguro los ingresos que le adeuda (UPC, compensación y fallos judiciales que según el sindicato ascienden a $370.000 millones) o 2) que de entrada los servicios de salud del ISS son insostenibles y probablemente ineficientes.

En el primer caso la respuesta es relativamente simple, ¡que el Fosyga pague! Pues es un fondo con un stock (dinero invertido en títulos del Gobierno) que ronda los varios billones de pesos. En el segundo caso la reestructuración sería aún más fuerte y requeriría cambiar de proveedores (pues salen muy costosos), sin embargo los proveedores del ISS son los laboratorios farmacéuticos (que no se pueden cambiar) y las IPS u Hospitales (que políticamente es muy difícil cambiarlas).

En cuanto a los costos convencionales, el Gobierno pretende que el sindicato renuncie a la mayoría, cosa poco probable. Cualquier cantidad de beneficios convencionales es insostenible en las actuales circunstancias.

En cuanto al tercer tema, los costos administrativos, el Gobierno debería tener en cuenta que más entidades implican mayor gasto, pues se necesitaría triplicar los cargos para administrar los tres negocios. Si no es necesario triplicar la planta, el Gobierno debe ser claro y evidenciar que es el exceso de burocracia el que infla los costos en el ISS.

En últimas, aunque la división en tres entidades es buena, la razón no está en los costos sino en la transparencia y la eficiencia que le daría a las entidades el dedicarse sólo a un negocio. El Gobierno debería ser claro en eso.

Libertad de Expresión o Respeto a los Cultos

El caso que se inició a causa de las fotos publicadas por la revista Soho, en las que una modelo desnuda representaba a Jesucristo en clara alusión a la escena de la obra “La Última Cena”, está en los estrados judiciales y espera por un fallo que catalogue el hecho de ofensa a objetos de culto o de simple ejercicio de la libertad de expresión.

Aunque el hecho de publicar unas fotos como esas es de entrada una falta de respeto, no atenta contra el culto, pues no hay falta de respeto a los objetos de culto en la medida en que los católicos no adoran imágenes sino a Dios.

Sin embargo es claro que la publicación es una falta de respeto, ese tipo de alusiones ofenden a muchas personas en lo mas profundo de sus creencias. Ese tipo de publicaciones se igualan a divulgar pensamientos racistas o xenófobos y por esta razón, aunque no deben ser castigados como un delito, deben ser penalizados.

Lo mínimo que se espera de una revista seria es una disculpa y en este caso, el director del Soho está en mora de darla.

PS: No soy creyente, pero creo que todos merecen respeto en cuanto a sus convicciones más íntimas y la religión hace parte de ese fuero interno que ni los periodistas tienen derecho a tocar.

Post scriptum

¿Qué será lo que esconde una de las familias liberales más importantes, tanto en la historia como en la actualidad, del país?

En El Tiempo le han dedicado, sumando notas, media página INTERNA, al escándalo de Virginia Vallejo. Que, uno pensaría, es la noticia del año.

En Semana han sacado la portada más denigrante de la que me acuerde (omitiendo las de algunos peridodiquitos tipo tabloide).

Las Cuentas de la Lechera

Hagamos un ejercicio sencillo con algunos supuestos. 1) Un bus gasta el doble de combustible que un vehículo particular y 2) Un bus lleva en promedio 10 personas por viaje (este promedio es muy bajo).

Si el bus gasta 5 galones en un viaje entonces: 1) los pasajeros gastan 0.5 galones por viaje y 2) los dueños de vehículos gastan 2.5 galones. Como tanto para los propietarios de vehículo como para los usuarios de transporte público los alimentos vienen en los mismos camiones que usan la misma cantidad de combustible, el subsidio que derivan es el mismo.

El subsidio total que recibe una persona es la suma de lo que recibe por su consumo en transporte (2.5 para propietarios y 0.5 para pasajeros) y lo que recibe vía menores costos de alimentos (igual para todos) la mayor cantidad del subsidio va a parar a los bolsillos de los más ricos. Esto implica que el subsidio es profundamente regresivo.

¿Qué estamos esperando para poner el grito en el cielo por los $2.9 billones que el Gobierno gasta subsidiando combustibles? ¿Dónde está nuestra cultura política y nuestra concepción de justicia social?

Descentralización y Federalismo

En esta columna voy a debatir, con todo el ánimo de entrar en discusión, las propuestas de Salomón Kalmanovitz, a quien admiro y respeto, publicadas en la edición de El Espectador del 15 al 21 de julio de 2006.

Dice Salomón que Colombia sigue siendo un país profundamente centralista, a eso yo añadiría presidencialista, el poder sigue estando increíblemente concentrado en la figura del Presidente. Pero ese tema lo trataré en otra ocasión.

“Los impuestos recogidos por el Gobierno central alcanzaron el 15% del PIB en 2004, mientras que los niveles recaudados por el nivel municipal fueron de 2% y en los departamentales del 1% del PIB.” Esto, en principio, no genera mayor problema, la descentralización no pasa necesariamente por darle el poder a las Entidades Territoriales (ET) de gravar con impuestos a sus habitantes. La descentralización es la capacidad de las ET de disponer de sus recursos la forma en que más influyan en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes.

Si bien es cierto que existe cierta “pereza fiscal” en algunas ET, también lo es que dejarlas en libertad de fijar las bases y tasas de tributación (por ejemplo de predial) genera distorsiones innecesarias en la economía, que poco o nada tienen que ver con la justicia redistributiva, explico. En la medida en que una región, con las mismas características que otra, fije tasas de tributación menores generará migraciones (obviamente mediadas por las dificultades de cambiar de domicilio) hacia ella, en detrimento de la otra y, posiblemente, generando equilibrios subóptimos para el país, es decir, ubicaciones de recursos que no maximizan la producción.

En la medida en que la tasa sea homogénea para todas las regiones se puede esperar que las que presenten mayores niveles de inversión sean las que mejores condiciones (no tributarias) ofrezcan a las empresas. Este es el primer punto, para generar una descentralización real, sólida, sin incentivos perversos y que beneficie a la mayoría. Los impuestos deben ser iguales en todas partes. Para esto valdría la pena evaluar la posibilidad de darle al Congreso de la República la facultad para fijar las tarifas de cada impuesto si hacer la diferenciación entre nacionales, departamentales y municipales.

De esta forma se lograría tener certeza sobre el total de recursos con que cuenta la Nación y se podrían hacer transferencias más cuantiosas hacia las ET sin ir en contra de la viabilidad de las finanzas públicas.

Es también de vital importancia definir claramente las competencias de cada uno de los niveles gubernamentales en términos de educación, salud, vivienda, etc. De esta forma se pueden calcular, con base en el total de recursos del país, las transferencias que se deben hacer para cada nivel municipal, departamental y nacional.

Dice Salomón que “las transferencias del centro hacia la periferia alcanzaron 7% del PIB, las cuales llegaron especificadas por diferentes leyes en cómo y dónde pueden gastarse.” A la afirmación de que la definición de ítems de gasto es per se mala debe tomársele con calma.

En primer lugar es necesario tener claro que el gasto público debe enfocarse en la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población. Esto implica que los ítems de gasto deben estar definidos, esto es, debe existir una ley (Orgánica del Presupuesto) que defina claramente en qué se debe hacer un gasto prioritario, por ejemplo, educación, salud, vivienda y saneamiento básico.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que esos componentes de gasto no deben tener fijadas en la ley sus participaciones porcentuales en el total de los presupuestos de las ET ni de la Nación. Un ejemplo respecto de esto último, si un municipio tiene 100% de cobertura en educación y una excelente calidad en sus colegios, pero tiene sin cobertura de salud a la mitad de la población, es poco práctica una ley de fije 50% del presupuesto para salud y 50% para educación, cuando posiblemente lo que necesita es aumentar el gasto en salud. Este tema ha sido bastante discutido y hay cierto consenso entre los economistas sobre la necesidad de definir claramente el Gasto Público Social.

Resumiendo, si el Congreso fija las tasas de tributación (iguales en todo el país) el sistema evita que haya ET que minimicen esas tasas para 1) beneficiar a grupos de presión y 2) atraer inversión de otras ET. Si se definen claramente las responsabilidades de cada nivel gubernamental y el Congreso define cuales son los ítems de gasto prioritario se puede esperar una mayor eficiencia tanto en el manejo de los recursos como en su impacto en la población. De esta forma se tendría un estado en el que los impuestos los cobra el Gobierno Central, se reparten según las responsabilidades a cada nivel del gobierno y cada ET puede hacer el gasto de la forma que más le convenga a su población. Esto es descentralización. Dar la libertad de fijar tributos y gastos a cada ET es Federalismo y, aunque me gustaría, no creo que Colombia este preparada para eso.

Vivienda, AFCs y Batallas Ministeriales

Según las últimas noticias el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo no se han puesto de acuerdo sobre la benevolencia de las cuentas AFC. Estas cuentas presentan beneficios tributarios para los asalariados que ahorran para compra de vivienda. Sin embargo los reportajes se han quedado cortos en términos de la magnitud de la norma que se pretende cambiar con la propuesta de Reforma Tributaria.

El alcance real de la propuesta, en mi opinión, es la necesidad de eliminar las exenciones tributarias que, en últimas, son gasto de gobierno orientado a “pagar” los impuestos de algunas personas naturales o jurídicas. En la medida en que alguien, que normalmente estaría obligado a pagar el impuesto de ReteFuente, no lo haga, por el sólo hecho de ahorrar en una cuenta AFC, está recibiendo un subsidio del Estado por un valor igual al impuesto que dejó de pagar.

Así las cosas el análisis de la conveniencia de la norma que exime de impuestos a las cuentas AFC debe orientarse hacia la bondad de dirigir gasto público hacia personas que pueden ahorrar para comprar vivienda. Es decir, en un país con profundos problemas sociales como Colombia, donde alrededor de la mitad de la población no tiene acceso a la salud, donde la mayoría de sus habitantes no tiene acceso a la educación superior, es necesario pensar si vale la pena utilizar recursos para subsidiar la compra de vivienda.

Ahora, como este tema tiene tanto de ancho como de largo, es necesario hacer un debate público en el que se trate la necesidad de subsidios para la vivienda en sectores muy claros de la población. Siempre que la norma discrimine a los sectores más ricos de la población, pero se mantenga para los sectores más necesitados, la norma será justa y de paso mejorará la eficiencia del sistema tributario al diminuir el número de exenciones.

Valdría la pena que el Gobierno estudie la posibilidad de mantener el mecanismo para las personas que devengan menos de dos salarios mínimos. Con esto se lograría equidad. Es que uno no pensaría que mantener beneficios para las cuentas AFC de personas que ahorran para comprar un apartamento de 500m2 en la Cabrera le haga un loable servicio a la Nación. Otra cosa ocurre cuando los beneficios se focalizan en la población más pobre y están dirigidos únicamente a la compra de VIS, cuando su fin es vivienda y no arriendo.

Es, entonces, importante hacer un análisis, cuyos resultados arrojen luces sobre que medida es la más provechosa para el país.

Inseguridad y Percepción

En la edición de El Tiempo del miércoles 12 de julio de 2006 aparece un interesante reportaje a la seguridad en las calles bogotanas. Según los datos, que son bastante veraces, la ciudad ha pasado de una tasa de homicidio de 23 por cien mil en 2005 a una de 18 por cien mil en 2006.

A lo anterior se le suma que el robo a viviendas (según la Policía) bajo un 25% y el robo de carros un 29%. Esto muestra una clara tendencia de reducción del crimen en Bogotá, ahora hay algo que preocupa, no aparecen estadísticas sobre los crímenes que más miedo generan en la ciudad, el paso millonario y el robo callejero, ambos contabilizados como hurto en diferentes modalidades.

Estos datos harían entender porque la percepción de la ciudadanía es tan lejana de la realidad que muestran las cifras de homicidios (Bogotá se ubica en el cuarto puesto entre las ciudades más tranquilas del continente).

Ante esto hay que decir dos cosas: 1) que es probable que el hurto haya aumentado y 2) que su aumento se debe a la legislación actual. Cuando uno piensa en los mecanismos para disuadir el crimen se pueden generar dos hipótesis, laxitud de la pena o baja probabilidad de ser impuesta.

Bajo la idea de laxitud de la pena habría que hacer una anotación, durante la última década se han hecho varias reformas a las penas, a veces se han aumentado y a veces se han bajado. Pecando por no tener en cuenta otras posibles razones, lo que muestra la evidencia es que las cifras crimen no ha presentado cambios en su tendencia, es decir, que no han bajado cuando se aumentan las penas, ni aumentado cuando se disminuyen.

Bajo la idea de la probabilidad de ser capturado y juzgado, no es mucho lo que se puede decir a su favor, pues esa probabilidad no ha variado mucho en los últimos años y por lo tanto no hay evidencia de su efectividad. Sin embargo bajo argumentos intuitivos uno podría argumentar que entre más fácil capturen y juzguen las autoridades a los delincuentes, menos interés van a tener ellos en cometer delitos. Es decir, bajo esta idea se reduce más el crimen haciendo cumplir la ley que cuando se endurece.

Ahora, en el caso del hurto se presentan los dos problemas. El delito es excarcelable y los detenidos por sospecha de hurto salen a las dos horas de la estación de policía, lo que les permite volarse, esto implica que la probabilidad de ser capturado y juzgado es muy baja. Esto se puede mejorar endureciendo las penas, posiblemente eso mejoraría la moral de la Policía y los haría más proclives a montar operativos para desmantelas las bandas de atracadores.

De modo que el Alcalde y la Policía deben trabajar para que el impacto de estos dos delitos sea menor y para que la ciudadanía se sienta más segura (se gana más, haciendo de Bogotá una ciudad más segura, si la ciudadanía lo sabe y camina tranquila por las calles). El Congreso debe eliminar la excarcelación de estos delitos y el Gobierno debe buscar los mecanismos para proveer suficientes cárceles y que no se presenten problemas de hacinamiento por causa de los ladrones condenados.

Elecciones

A propósito de las elecciones cuelgo una cita de Rousseau

"La libertad es alimento nutritivo, pero de difícil digestión. Es, por tanto, necesario preparar a los hombres mucho tiempo antes de dárselo".

El problema es que todos tienen el derecho a ese alimento, no podemos pensar en quitárselo, sería aberrante. La única salida que nos queda es seguir preparándolos.

¿No será que necesitamos perentoriamente alguien que nos hable de pedagogía ciudadana?

¿Reforma o Contrarreforma?

El TLC es una muy buena forma de atraer lectores por estos días, sin embargo no es el único ni, posiblemente, el tema que reviste mayor importancia en la actual coyuntura. Sin embargo la revista dinero en su artículo de coyuntura trata otro tema, el de la calificación de riesgo de los TES.

Como es sabido, en días pasados el gobierno mostró los excelentes resultados fiscales del 2005. Un déficit fiscal de 0%, por fin, las finanzas públicas están equilibradas.

Sin embargo analistas han encontrados diversas fallas en esta interpretación que procedo a enunciar (no a explicar porque eso sería la repetición de la repetidera).

1) El gobierno central, que es el al que mayor proporción del déficit le corresponde, sigue presentando balances negativos.

2) El "equilibrio de las finanzas se debe a los superávits de los entes territoriales.

3) A lo anterior se le debe sumar el alto precio del petróleo (ganancias de ECOPETROL) y el bajo precio del dólar (menos gasto en deuda pública externa)

Es decir, el problema fiscal subsiste. Al respecto se busca hacer una reforma que mejore la situación fiscal. Por enécima vez, una reforma tributaria.

Desde luego estoy completamente convencido de la necesidad de una reforma tributaria. Pero no como la que propone el gobierno (que es bastante parecida a la que han propuesto los demás gobiernos, aquí no hay partidismos de ningún tipo).

Como dice la revista Dinero en su última edición "En cuanto a la reforma tributaria, el objetivo general es mantener los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, volver el sistema más competitivo y buscar equidad y progresividad. Para tal fin, el gobierno buscará reducir la tasa de tributación de las empresas para hacerla comparable a la de otros países, ampliar la base y unificar la tarifa del IVA."

¿Cómo es posible que se definda una reforma que baja renta y aumenta la base del IVA como una reforma que busca equidad y progresividad?

1) Si se reduce renta (un impuesto progresivo) y se mantienen los ingresos tributarios constantes, debe aumentarse el IVA (un impuesto regresivo) luego la refoma no busca progrsividad.

2) Si se unifica la tarifa de IVA se debe pensar en lo siguiente. Como sería una locura política aumentar la tarifa, haciendo que todos los productos paguen el IVA que se le cobra a los de mayores tarifas (licores), uno debe esperar que a todos se le cobre el famoso 16%.

Esto presenta un problema, los productos con mayor tarifa son los más lujosos y por consiguiente de consumo de las familias con mayores ingresos. Bajarle la tarifa a este tipo de productos es, de nuevo regresivo.

Los productos que tienen menores tarifas son los más básicos (canasta familiar), subirles al 16% es de nuevo regresivo. Lo que hace a la reforma poco equitativa.

Ampliar la base del IVA es magnificar el alcance de un impuesto regresivo, lo que de nuevo hace a la reforma, regresiva.

¿Entonces que nos queda?

Concluyan ustedes.

Nota aclaratoria: para la buena interpretación de mi posición debo aclarar que yo estoy de acuerdo en bajar la tarifa de renta (no se a cuanto, para eso se necesita un estudio serio del tema), ¡pero eliminar sus exenciones!

Y desde luego aumentar la base del IVA es serio, así como unificar la tarifa, pero esto teninendo en cuenta productos sensibles y mejoras en el recaudo de renta. De otra forma es sólo la manera en que se descarga un impuesto difícil de cobrar para cargar uno con mayores facilidades de recaudo. Todo esto por una contradicción cruelmente burlezca.

Florentino González

A propósito de los comentarios recibidos publico esta cita de Florentino González Secretario de Hacienda de Colombia en 1848

“Libertad para producir y cambiar, he aquí lo que el legislador debe conceder a todos, y dejar a la inteligencia y a la actividad el campo libre para obtener las ventajas, que la poca habilidad o la pereza pretenden conseguir con una protección onerosa para la sociedad entera.”

Informe del Secretario de Hacienda al Congreso Constitucional de 1848.

500 Mil Millones

Para hacer una apertura digna del título del blog voy a reescribir, con su respectiva actualización una idea que algunos ya conocen y que fue entregada en los diferentes correos electronicos de amigos y allegados.

En últimos dias el gobierno anunció el programa de seguridad de ingresos para los productores agrícolas con motivo de la finalización de las negociaciones del TLC. Este programa segun el mismo gobierno costará 500 mil millones de pesos anuales, en principio, durante los próximos diez años, pero el gobierno espera que se haga permanente por medio de una ley.

Dado que el gobierno presenta una restricción presupuestal existente, aunque indefinida, hay que tener en cuenta que cualquier gasto en un bien o servicio, público o no, genera menos gasto en otros bienes o servicos públicos o no.

Como es públicamente conocido creo que los gastos del gobierno deben estar enfocados en la obtención de una mayor cobertura y aplicación de los derechos constitucionales. Por esta razón me permito protestar por el programa de aseguramiento de ingresos al sector agropecuario. Para ilustrar el impacto de este programa recurriré a la estrategia utilizada en el correo enviado con motivo del Incentivo a la cobertura cambiaria (ICC).

Si en vez de utilizar ese dinero en el programa de marras se utilizara en aportes al FOSYGA para la subcuenta del régimen subsidiado se podría aumentar la cobertura en salud de la población más pobre. La decisión de utilizar ese dinero en uno u otro programa depende del gobierno, sin embargo cabe aclarar que aunque la pobreza en el campo es mayor que en las ciudades, los beneficiarios del seguro de ingresos serán, muy posiblemente, aquellos que no se encuentran en condiciones de pobreza y miseria.

Los cálculos. La unidad de pago por capitación del régimen subsidiado(UPCS), sobre la que se giran los valores por cada afiliado a las ARS fue fijada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en $215.712

Esto implica que si el total del dinero del programa de aseguramiento de ingresos fuera al FOSYGA para el régimen subsidiado ¡se podría aumentar la cobertura en 2.317.905 personas!

¿Se imaginan ustedes el impacto social que eso tendría? Salud para cerca de dos millones y medio de nuevos usuarios, frente al, posiblemente, pobre desempeño del esque ma de aseguramiento de ingresos para productores rurales (con acceso al mercado).

Las conclusiones se las dejo a ustedes.

Cambio de Idea

Hace algunos meses decidí publicar algunos escritos de mi epoca de estudiante y asistente de investigación en economía que me es imposible publicar por las restricciones (legales y de sentido común) que se imponen cuando uno es servidor público. Sin embargo nunca recibí comentarios, es más al parecer fueron pocas personas las que visitaron esta página. Mi idea es abrir un espacio en el que se puedan debatir ciertos temas de interés general. Todos esos temas adquieren una mucha mayor importancia cuando tomamos conciencia de la posición privilegiada que ostentamos y sus consiguientes obligaciones. No siendo más los invito a hacer pública o anónimamente los cometarios a los temas que propongo.