La semana pasada se reveló un escándalo de grandes proporciones que puede afectar seriamente la política fundamental del Gobierno, la Seguridad Democrática. Las revelaciones que hizo el jueves pasado el diario El Tiempo sobre la posibilidad de que militares hayan creado atentados ficticios, para mostrar a la opinión pública la efectividad de sus organismos de inteligencia, deja al descubierto un serio problema de incentivos al interior del Gobierno.
En la medida en que los incentivos creados (recompensas y exigencia de resultados) generan una creciente presión sobre los organismos de seguridad del Estado, se está sembrando la semilla, no sólo de fraudes como los que sugieren los medios, sino de atropellos contra la ciudadanía.
Dentro de las posibles consecuencias se encuentran las posibles detenciones arbitrarias que se llagarían a dar, por parte de las autoridades, en busca de resultados en la lucha contrainsurgente.
Desde luego, este tipo de incentivos, que bien aplicados pueden tener efectos loables en la lucha contra los grupos alzados en armas, pueden generar atropellos contra la ciudadanía, que no se compadecen con el fin que persiguen, por más importante que este sea.
Por esta razón el Gobierno debe revisar y replantear su programa de incentivos, creando un nuevo programa que permita obtener los mismos resultados, sin que se presente una alta probabilidad de atropellos contra la ciudadanía ni de fraudes como los que denuncian los medios.
Por otro lado, es claro que la función de la fuerza pública es proteger a los ciudadanos, por encima de todos, sin importar si esta protección genera resultados concretos o no. En este caso, el único resultado es la protección de la vida de los ciudadanos no combatientes. Cualquier intento, al interior de las fuerzas, por presentar resultados con fines diferentes a la protección de la ciudadanía es detestable per se y el Gobierno, como bien lo ha dicho respondiendo al llamado de los medios, debe extirpar de raíz ese tipo de comportamientos.
En la medida en que los incentivos creados (recompensas y exigencia de resultados) generan una creciente presión sobre los organismos de seguridad del Estado, se está sembrando la semilla, no sólo de fraudes como los que sugieren los medios, sino de atropellos contra la ciudadanía.
Dentro de las posibles consecuencias se encuentran las posibles detenciones arbitrarias que se llagarían a dar, por parte de las autoridades, en busca de resultados en la lucha contrainsurgente.
Desde luego, este tipo de incentivos, que bien aplicados pueden tener efectos loables en la lucha contra los grupos alzados en armas, pueden generar atropellos contra la ciudadanía, que no se compadecen con el fin que persiguen, por más importante que este sea.
Por esta razón el Gobierno debe revisar y replantear su programa de incentivos, creando un nuevo programa que permita obtener los mismos resultados, sin que se presente una alta probabilidad de atropellos contra la ciudadanía ni de fraudes como los que denuncian los medios.
Por otro lado, es claro que la función de la fuerza pública es proteger a los ciudadanos, por encima de todos, sin importar si esta protección genera resultados concretos o no. En este caso, el único resultado es la protección de la vida de los ciudadanos no combatientes. Cualquier intento, al interior de las fuerzas, por presentar resultados con fines diferentes a la protección de la ciudadanía es detestable per se y el Gobierno, como bien lo ha dicho respondiendo al llamado de los medios, debe extirpar de raíz ese tipo de comportamientos.
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