El futuro del país puede estar comprometiéndose por el ahorro de recursos en el pago de los salarios del sector público.
Muchas veces, durante las largas conversaciones de sobremesa en las reuniones sociales, o durante los coctelillos ofrecidos por algún empresario interesado en presentar algún producto, se oyen frases como “esos empleados públicos no hacen nada”, “son completamente improductivos”, “es el colmo que ganen tanto” o “es increíble que suban los impuestos para pagarse mayores salarios”.
Voy a obviar la discusión sobre si los impuestos sirven para pagar los abultados sueldos de los empleados públicos, o si más bien sirven para la realización de programas sociales como Familias en Acción u obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico del país. Más bien me voy a concentrar en un tema ampliamente comentado por mis colegas economistas y muchos otros profesionales dedicados a la ardua, y a veces, desagradecida, labor pública: los bajos salarios del sector.
Cuando un economista se gradúa tiene, en la mayoría de los casos, dos opciones de ejercicio de la profesión: las actividades privadas, muchas veces equiparables a la administración, y las actividades públicas o de investigación. En las primeras la labor principal que desempeñará el economista en su vida laboral estará ligada a la búsqueda de la maximización de beneficios, a la maximización de las ganancias de alguna empresa. Esto lo puede hacer trabajando en un banco, haciendo estudios de riesgo o moviendo millonarias cantidades de dinero; en una firma de banca de inversión, buscando las mejores oportunidades para hacer negocios; o trabajando en el sector real, donde se producen las cosas.
Por otro lado, el economista que sigue la segunda opción se dedica a generar bienestar. Bienestar para la población, bienestar para los más necesitados. Esto lo hace bien sea por medio de la ubicación de los enormes recursos estatales en diferentes sectores claves para el desarrollo social del país, por ejemplo salud, educación, infraestructura, etc. o bien sea por medio de la investigación, donde encuentra las mejores formas de afrontar un problema de la sociedad o evalúa los mecanismos aplicados anteriormente para la solución de esos problemas y recomienda cambios.
Sin demeritar la labor de los que eligen la primera opción, en últimas de ellos depende buena parte del desarrollo del país, los que se van por caminos más públicos o investigativos tienen, desde el principio, mayores responsabilidades que los otros. Explico. Cuando un investigador pequeño debe evaluar, por ejemplo, el componente de educación de Familias en Acción, tiene la posibilidad de influenciar la decisión de continuar o no con el programa, o de aumentar, disminuir los recursos o la forma en que se usan (dependiendo de lo que recomiende).
En general, dado el tamaño del Estado frente a cualquier empresa, el economista público o investigador, por pequeño que sea, tiene influencia sobre una mayor cantidad de recursos frente a sus colegas privados. Lo anterior hace que su trabajo afecte a miles, si no millones de personas. Pensando en el ejemplo anterior, el economista público o investigador tiene sobre sus hombros, en plata blanca, el futuro educativo y el consiguiente desarrollo personal de miles de niños.
El caso de otras profesiones es igual. Sólo piénsese, por ejemplo, en un abogado que trabaja haciendo la parte legal de grandes negocios (fusiones y venta de empresas) y su contraparte pública (haciendo lo mismo, pero con un sueldo fijado por decreto y no una comisión sobre el negocio).
Sin embargo esto no se ve reflejado en los salarios que reciben estos economistas. Como anoté al principio, es común que la gente piense en los altos cargos del gobierno tienen unas remuneraciones elevadísimas y que todos son ricos.
Un estudio hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo por Nelson Marconi, Laura Carrillo y Claudia Helena Cavalieri en 2003, muestra que en Colombia la diferencia de los sueldos entre la dirigencia del sector público y el privado es de al menos 59.8%, desde luego, en desmedro de los trabajadores públicos. Es decir, que para un empleado del sector privado que gane $10 millones, su contraparte pública, con iguales responsabilidades, ganará $4 millones.
Con estas cifras, uno sólo puede pensar que los economistas buenos y con altos niveles de calificación son fácilmente tentados por el sector privado. De esta forma, los pocos economistas altamente calificados que quedan dedicándose a la investigación o las labores públicas son aquellos con una fuerte vocación o poco conocimiento del sector privado. Los demás posiblemente no sean los más aptos para desempeñar las labores que se les encargan, sin embargo son los únicos que están dispuestos a aceptar los bajos salarios. Es decir, que no obstante las fuertes responsabilidades y el poder de decisión con efecto sobre millones de personas, por ahorrar unos pesos, estamos dejando estas responsabilidades en cabeza de gente que posiblemente no es la mejor o cuya permanencia en el cargo es poco duradera, lo que elimina la continuidad de las políticas.
Esta brecha entre los trabajadores públicos e investigadores y los privados es una constante en la mayoría de los países, sin embargo Colombia es un país con tantas necesidades, que darnos el lujo de ahorrar unos pesos en salarios, nos puede estar costando el bienestar de millones de personas en el largo plazo.
Voy a obviar la discusión sobre si los impuestos sirven para pagar los abultados sueldos de los empleados públicos, o si más bien sirven para la realización de programas sociales como Familias en Acción u obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico del país. Más bien me voy a concentrar en un tema ampliamente comentado por mis colegas economistas y muchos otros profesionales dedicados a la ardua, y a veces, desagradecida, labor pública: los bajos salarios del sector.
Cuando un economista se gradúa tiene, en la mayoría de los casos, dos opciones de ejercicio de la profesión: las actividades privadas, muchas veces equiparables a la administración, y las actividades públicas o de investigación. En las primeras la labor principal que desempeñará el economista en su vida laboral estará ligada a la búsqueda de la maximización de beneficios, a la maximización de las ganancias de alguna empresa. Esto lo puede hacer trabajando en un banco, haciendo estudios de riesgo o moviendo millonarias cantidades de dinero; en una firma de banca de inversión, buscando las mejores oportunidades para hacer negocios; o trabajando en el sector real, donde se producen las cosas.
Por otro lado, el economista que sigue la segunda opción se dedica a generar bienestar. Bienestar para la población, bienestar para los más necesitados. Esto lo hace bien sea por medio de la ubicación de los enormes recursos estatales en diferentes sectores claves para el desarrollo social del país, por ejemplo salud, educación, infraestructura, etc. o bien sea por medio de la investigación, donde encuentra las mejores formas de afrontar un problema de la sociedad o evalúa los mecanismos aplicados anteriormente para la solución de esos problemas y recomienda cambios.
Sin demeritar la labor de los que eligen la primera opción, en últimas de ellos depende buena parte del desarrollo del país, los que se van por caminos más públicos o investigativos tienen, desde el principio, mayores responsabilidades que los otros. Explico. Cuando un investigador pequeño debe evaluar, por ejemplo, el componente de educación de Familias en Acción, tiene la posibilidad de influenciar la decisión de continuar o no con el programa, o de aumentar, disminuir los recursos o la forma en que se usan (dependiendo de lo que recomiende).
En general, dado el tamaño del Estado frente a cualquier empresa, el economista público o investigador, por pequeño que sea, tiene influencia sobre una mayor cantidad de recursos frente a sus colegas privados. Lo anterior hace que su trabajo afecte a miles, si no millones de personas. Pensando en el ejemplo anterior, el economista público o investigador tiene sobre sus hombros, en plata blanca, el futuro educativo y el consiguiente desarrollo personal de miles de niños.
El caso de otras profesiones es igual. Sólo piénsese, por ejemplo, en un abogado que trabaja haciendo la parte legal de grandes negocios (fusiones y venta de empresas) y su contraparte pública (haciendo lo mismo, pero con un sueldo fijado por decreto y no una comisión sobre el negocio).
Sin embargo esto no se ve reflejado en los salarios que reciben estos economistas. Como anoté al principio, es común que la gente piense en los altos cargos del gobierno tienen unas remuneraciones elevadísimas y que todos son ricos.
Un estudio hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo por Nelson Marconi, Laura Carrillo y Claudia Helena Cavalieri en 2003, muestra que en Colombia la diferencia de los sueldos entre la dirigencia del sector público y el privado es de al menos 59.8%, desde luego, en desmedro de los trabajadores públicos. Es decir, que para un empleado del sector privado que gane $10 millones, su contraparte pública, con iguales responsabilidades, ganará $4 millones.
Con estas cifras, uno sólo puede pensar que los economistas buenos y con altos niveles de calificación son fácilmente tentados por el sector privado. De esta forma, los pocos economistas altamente calificados que quedan dedicándose a la investigación o las labores públicas son aquellos con una fuerte vocación o poco conocimiento del sector privado. Los demás posiblemente no sean los más aptos para desempeñar las labores que se les encargan, sin embargo son los únicos que están dispuestos a aceptar los bajos salarios. Es decir, que no obstante las fuertes responsabilidades y el poder de decisión con efecto sobre millones de personas, por ahorrar unos pesos, estamos dejando estas responsabilidades en cabeza de gente que posiblemente no es la mejor o cuya permanencia en el cargo es poco duradera, lo que elimina la continuidad de las políticas.
Esta brecha entre los trabajadores públicos e investigadores y los privados es una constante en la mayoría de los países, sin embargo Colombia es un país con tantas necesidades, que darnos el lujo de ahorrar unos pesos en salarios, nos puede estar costando el bienestar de millones de personas en el largo plazo.