Seguros y Arriendos

Hasta los más legos en temas de finanzas han escuchado alguna vez la frase que dice: “No pongas todos los huevos en la misma canasta”. Esta frase evidencia algo que va más allá que el simple hecho de diversificar, es el resultado de una maximización del bienestar de una persona bajo grandes incertidumbres y poca devoción por el riesgo.

El caso de los arrendadores es uno muy claro, en este caso no solo se está jugando a maximizar los ingresos esperados, sino que también se tiene en cuenta el hecho de que, bajo ciertas condiciones de mora del inquilino, se puede terminar perdiendo una parte sustancial del patrimonio.

Para solucionar estos problemas, nuestro avezado sistema financiero, en especial las aseguradoras, han decidido generar una importante innovación, a saber: los seguros de arrendamiento. En principio este tipo de seguros mejora el panorama tanto para arrendadores como arrendatarios.

En este caso, los arrendadores tienen certeza de que van a recibir el arriendo mensualmente, los servicios se pagarán puntualmente y que estarán exentos de cualquier obligación al terminar el contrato. En el caso de los arrendatarios, uno esperaría que el seguro cobrara una póliza que evitara el poco agradable trabajo de encontrar un codeudor.

Sin embargo esto no ocurre. Aunque la lógica indica que los inquilinos morosos son una proporción relativamente baja del total de inquilinos y aunque el costo de la póliza sea relativamente alto (en promedio 4% del valor anual fuera de los costos de estudio de la póliza y asesoría en la redacción del contrato), al parecer a las aseguradoras eso no les alcanza para obtener una ganancia “decente” y cubrir los costos de los morosos.

Asumamos que el 1% de los arrendatarios entran en mora durante todo un año y que los contratos de arrendamiento tienen el mismo valor. En este caso la aseguradora esta ganando alrededor del 3% del total de contratos que asegure. Incluso si sus costos son exageradamente altos, digamos la mitad de sus ingresos netos, la ganancia (1.5%) es suficiente para un negocio tan seguro y en el que no se tienen que hacer mayores inversiones iniciales. Luego de montada la aseguradora no hay razón para pensar que ofrecer el seguro de arrendamiento tenga un costo especialmente alto.

Como es de esperarse, en caso de mora, la aseguradora inicia los procesos de cobro jurídico correspondientes contra el arrendatario, luego un arrendatario en mora no implica, en principio, la pérdida total del dinero. Es decir, que el 1.5% de ganancia sobre el total de los contratos de arrendamiento, puede subir a 1.8% si sólo se recupera el dinero en la tercera parte de los casos. ¡Ojo, ese 1.8% representa el 45% de los ingresos de la aseguradora!

Pero ahí no para la cosa, en algunos casos las aseguradoras piden hasta dos codeudores solventes con finca raíz, es decir, piden lo mismo que las inmobiliarias. Si ese es el caso, para un inquilino, no hay mucha diferencia entre el seguro y el arrendamiento con inmobiliaria, los costos aumentan por la póliza y la búsqueda de codeudores subsiste. Ese tipo de innovación poco servicio le hace al mercado de arrendamiento (¡en un mercado también se tiene que incentivar la demanda!).

El Gobierno debería tomar cartas en el asunto para que las aseguradoras, o bien monten filiales que trabajen como inmobiliarias, o bien asuman la responsabilidad que les compete de acuerdo a su razón social. Es increíble que en Colombia las aseguradoras no quieran correr riesgos. ¡Ese es su negocio!

¿El Estado debe Proveer Todo?

La idea de que el Estado debe proveerlo todo a todos está bastante enquistada en la sociedad colombiana. Las constantes comparaciones entre el Estado colombiano y el danés, por ejemplo, son muestra de esta idea de que el Estado debe proveerlo todo. Por esta razón las campañas políticas se limitan a prometer el oro y el moro.

Sin embargo, las restricciones existen. El monto total de recursos de que dispone el Estado no es ilimitado, incluso, en contra de las percepciones de la ciudadanía y las demandas de los políticos tanto de derecha como de izquierda. Es divertido ver como entre más radicales son sus posiciones más recursos exigen del Estado. Es divertido ver que tanto la derecha como la izquierda, en sus versiones más radicales, propenden por el mismo modelo económico, un modelo estatista que garantiza posiciones privilegiadas a algunos pocos individuos con base en el uso exagerado de recursos que en últimas minan en equilibrio macroeconómico.

Desafortunadamente ese Estado no es más que una utopía, ¡no existe! Pero aún más preocupante, Colombia ha tenido históricamente una tradición política en la que, en campaña, se promete el oro y el moro, pero en el ejercicio del poder se respetan las restricciones presupuestales. Hoy en día esta tradición, aunque no parece romperse del todo, si está siendo dejada a un lado.

La idea de que el Estado debe proveer todo se ve en los $2.9 billones para subsidios a la gasolina. Y en el presupuesto de inversión se ve en un billón de pesos en inversión para el sector agropecuario. Se ve en $724.855 millones en el sector de ambiente y vivienda. Se ve en $2.9 billones del sector transporte.

Revisemos esos rubros. El de la gasolina se analizó en una columna anterior, luego aquí puedo decir simplemente que es un subsidio que beneficia a los más ricos.

Sector agropecuario, un billón de pesos. Con estos dineros se hará mantenimiento o construcción de 19.000 has. de distritos de riego así como se avanzará en 17% en los mega-distritos de Triángulo del Tolima y Ranchería en la Guajira. Si estos distritos tienen una fuerte composición de pequeños productores cabría pensar que hacen parte de la labor social del Estado, si no es así, entonces se está haciendo gasto regresivo. Pero omitiendo eso, es importante saber que se pueden generar esquemas de financiación donde el Estado sólo da acompañamiento y los usuarios ponen la plata, y no como en la actualidad, donde el Estado hace todo.

Se adjudicarán 30 mil has a 12 mil familias desplazadas, 100 mil a indígenas y 298 mil a campesinos. Es decir que los indígenas, que tienen adjudicado más de la mitad del país, reciben el 8.5% del total de tierras. Aún cuando son una minoría cuando se les compara con campesinos y desplazados y sobre todo, cuando poseen, repito, más de la mitad de las tierras del país.

Es que el ejercicio de lo público es un acto de priorización, como no hay plata para todo, uno tiene que mirar que es lo más importante, pero al parecer eso no se ha hecho.

Sector de ambiente y vivienda, $724.855 millones. En este caso la priorización se hizo bastante bien, se busca beneficiar 600 mil familias con acueducto, alcantarillado y aseo. Este tipo de programas disminuyen fuertemente la incidencia de enfermedades como la disentería, fuente de buena parte de la mortalidad en los primeros años de vida.

Sector transporte, $2.9 billones. Aquí se nota la total falta de priorización. Si los recursos son limitados uno debe buscar estrategias para disminuir costos de tal forma que los recursos se puedan focalizar en los sectores prioritarios. Por ejemplo, construir una carretera es bastante costoso, sin embargo bajo un sistema de concesión se puede proveer la carretera haciendo erogaciones mínimas.

Sin embargo los programas de este sector se ven así. Pavimentación y mantenimiento de vías por medio de contratación directa, 22.331 Km. Mantenimiento de vías por medio de concesión, solo en cuatro proyectos. Asumiendo que las concesiones de los cuatro proyectos son increíblemente extensas, es decir, en promedio 1.000 Km. tan solo el 15% de los proyectos se haría por medio del método “barato”, mientras que el resto, ¡85% de los proyectos se hace por el método caro!

De nuevo, aunque todos los gastos son buenos y benefician a muchos colombianos, la hacienda pública es un acto de prioridades, hay que priorizar, no decidir que es bueno. Es exactamente lo mismo que cuando un padre de familia decide pasar las vacaciones en la casa para poder pagar el colegio de sus hijos, no es que las vacaciones no sean buenas, es un acto de priorización. A los colombianos nos falta exigirle más activamente al Gobierno que invierta en los temas prioritarios, al final de cuentas, lo que pasa en este país es culpa nuestra.

¿ISS o no ISS?

Oh, mia patria si bella e perduta!
Oh, membranza si cara e fatal!

El pasado 2 de agosto el gobierno anunció su intención de dividir el Seguro Social en tres entidades. De esta forma cada una se puede dedicar a administrar un solo negocio, EPS, riesgos profesionales y pensiones.

La decisión se sustenta, según el Gobierno, en los altos costos operativos del ISS, que ascienden al 135% de sus ingresos y que lo ponen en una situación inviable.

Los costos de ISS, en términos de los ingresos son: 94% en salud (EPS), 25 % en convención colectiva (prerrogativas de sus empleados) y 16% en administración.

El Gobierno pretende crear tres entidades sostenibles, es decir que sus costos sean máximo el 100% de sus ingresos (lo que haría imposible invertir y pondría al las instituciones en serios problemas de liquidez).

Ahora, para que esto sea posible los ingresos de la EPS deben ser iguales a, al menos, el 94% de los costos actuales, cosa que se ve difícil de alcanzar. En este punto hay dos posibles problemas: 1) El Fosyga no paga oportunamente al seguro los ingresos que le adeuda (UPC, compensación y fallos judiciales que según el sindicato ascienden a $370.000 millones) o 2) que de entrada los servicios de salud del ISS son insostenibles y probablemente ineficientes.

En el primer caso la respuesta es relativamente simple, ¡que el Fosyga pague! Pues es un fondo con un stock (dinero invertido en títulos del Gobierno) que ronda los varios billones de pesos. En el segundo caso la reestructuración sería aún más fuerte y requeriría cambiar de proveedores (pues salen muy costosos), sin embargo los proveedores del ISS son los laboratorios farmacéuticos (que no se pueden cambiar) y las IPS u Hospitales (que políticamente es muy difícil cambiarlas).

En cuanto a los costos convencionales, el Gobierno pretende que el sindicato renuncie a la mayoría, cosa poco probable. Cualquier cantidad de beneficios convencionales es insostenible en las actuales circunstancias.

En cuanto al tercer tema, los costos administrativos, el Gobierno debería tener en cuenta que más entidades implican mayor gasto, pues se necesitaría triplicar los cargos para administrar los tres negocios. Si no es necesario triplicar la planta, el Gobierno debe ser claro y evidenciar que es el exceso de burocracia el que infla los costos en el ISS.

En últimas, aunque la división en tres entidades es buena, la razón no está en los costos sino en la transparencia y la eficiencia que le daría a las entidades el dedicarse sólo a un negocio. El Gobierno debería ser claro en eso.

Libertad de Expresión o Respeto a los Cultos

El caso que se inició a causa de las fotos publicadas por la revista Soho, en las que una modelo desnuda representaba a Jesucristo en clara alusión a la escena de la obra “La Última Cena”, está en los estrados judiciales y espera por un fallo que catalogue el hecho de ofensa a objetos de culto o de simple ejercicio de la libertad de expresión.

Aunque el hecho de publicar unas fotos como esas es de entrada una falta de respeto, no atenta contra el culto, pues no hay falta de respeto a los objetos de culto en la medida en que los católicos no adoran imágenes sino a Dios.

Sin embargo es claro que la publicación es una falta de respeto, ese tipo de alusiones ofenden a muchas personas en lo mas profundo de sus creencias. Ese tipo de publicaciones se igualan a divulgar pensamientos racistas o xenófobos y por esta razón, aunque no deben ser castigados como un delito, deben ser penalizados.

Lo mínimo que se espera de una revista seria es una disculpa y en este caso, el director del Soho está en mora de darla.

PS: No soy creyente, pero creo que todos merecen respeto en cuanto a sus convicciones más íntimas y la religión hace parte de ese fuero interno que ni los periodistas tienen derecho a tocar.