Las Locuras de Caballero

Revisen este artículo sobre las excenciones a la cultura.

http://portal2.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=97041

Comento el artículo.

Como siempre, el señor Caballero, quien es un excelente escritor, ha decidido opinar sobre temas sobre los que, obviamente, es experto.

¿Cómo se le ocurre a Alejandro Gaviria hablar sobre tributación? ¡Él es sólo un economista!

Como si fuera poco, Gaviria lo que escribe lo hace si la fanfarronería de la élite bogotana. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que se sabe igual que el resto de los mortales?

El señor Caballero sí que sabe de los efectos sobre la distribución del ingreso que tienen las exenciones tributarias a la cultura. ¿Y cómo no? si él toda la vida ha estudiado el tema, no hay sino que ver la cantidad de estadísticas que maneja; la bibliografia sobre impuestos que ha leído y que cita en sus artículos; y desde luego, el acervo de conocimiento que tiene sobre el contenido del diccionario.

Es que no es posible que haya gente lo suficientemente inepta como para decir, que "alguien, sólo por tener una ortografía, una gramática y una semántica intachables no está calificada para hablar de economía".

Lo único que falta es que el señor Caballero decida decirles a los médicos cirujanos cardiólogos cómo se debe operar a alguien a corazón abierto. Seguramente esos médicos no escriben correctamente.

Por cierto, he de decir que además de los argumentos sobre ortografia, semántica y sintaxis, no vi ningún argumento económico sobre la conveniencia de esas exenciones. El conocimiento del diccionario es loable, pero pensar que un argumento basado en eso es suficiente para derrotar un discurso económicamente fundamentado, no es más que necedad.

El Peligro de los Incentivos

La semana pasada se reveló un escándalo de grandes proporciones que puede afectar seriamente la política fundamental del Gobierno, la Seguridad Democrática. Las revelaciones que hizo el jueves pasado el diario El Tiempo sobre la posibilidad de que militares hayan creado atentados ficticios, para mostrar a la opinión pública la efectividad de sus organismos de inteligencia, deja al descubierto un serio problema de incentivos al interior del Gobierno.

En la medida en que los incentivos creados (recompensas y exigencia de resultados) generan una creciente presión sobre los organismos de seguridad del Estado, se está sembrando la semilla, no sólo de fraudes como los que sugieren los medios, sino de atropellos contra la ciudadanía.

Dentro de las posibles consecuencias se encuentran las posibles detenciones arbitrarias que se llagarían a dar, por parte de las autoridades, en busca de resultados en la lucha contrainsurgente.

Desde luego, este tipo de incentivos, que bien aplicados pueden tener efectos loables en la lucha contra los grupos alzados en armas, pueden generar atropellos contra la ciudadanía, que no se compadecen con el fin que persiguen, por más importante que este sea.

Por esta razón el Gobierno debe revisar y replantear su programa de incentivos, creando un nuevo programa que permita obtener los mismos resultados, sin que se presente una alta probabilidad de atropellos contra la ciudadanía ni de fraudes como los que denuncian los medios.

Por otro lado, es claro que la función de la fuerza pública es proteger a los ciudadanos, por encima de todos, sin importar si esta protección genera resultados concretos o no. En este caso, el único resultado es la protección de la vida de los ciudadanos no combatientes. Cualquier intento, al interior de las fuerzas, por presentar resultados con fines diferentes a la protección de la ciudadanía es detestable per se y el Gobierno, como bien lo ha dicho respondiendo al llamado de los medios, debe extirpar de raíz ese tipo de comportamientos.

Peligro: Niños Trabajando

El nuevo código del menor trae la excelente idea de convertir el trabajo, de los niños menores de 15 años, en explotación. Desafortunadamente esta norma tiene que ir acompañada de acciones concretas. Deben existir mecanismos que permitan hacer cumplir la ley. El Gobierno debe tener claro que mientras no haya quien haga cumplir la ley, las penas, las multas y toda clase de castigos legales, por más altos y dolorosos que sean, van a ser desatendidos.

Esto es, como siempre, algo relativamente fácil de entender. Si la pena por poner a trabajar a un menor de quince años es, por poner un ejemplo, cien años de cárcel, pero no hay quien haga cumplir esa pena, la ley tendrá el mismo efecto que si la pena fuera de diez años o incluso si no hubiera. De nuevo, esto es un juego donde no sólo se debe tener en cuenta la severidad del castigo sino la probabilidad de sufrirlo.

Sin embargo no parece haber mecanismos para eso. En la anterior normatividad estaba prohibido explotar a los niños obligándolos a pedir limosna en un semáforo, sin embargo no conozco persona alguna que no haya visto a pequeños de menos de diez años mendigando cualquier moneda. Esto pasa incluso en las narices de la policía, que muchas veces esta cerca del semáforo para coger a los conductores que se lo vuelan en rojo.

En últimas, aquí se defiende, como ya se ha hecho, la necesidad de hacer más eficiente el trabajo de la policía, que aunque ha hecho serios esfuerzos en la última década, aún tiene cosas para mejorar.

Pero no sólo aumentar la probabilidad de ser castigado por violar la ley es suficiente. El ser humano tiene, como la mayoría de los seres vivos, un fuerte instinto de conservación, así que, incluso si el castigo por obligar a trabajar a un menor de quince años es alto y con certeza se recibe si se transgrede la ley, a los padres cuyos hijos no tengan posibilidades de estudiar ni capacidad de generar ingresos suficientes para el mantenimiento de sus familias, seguirán obligando a sus hijos a trabajar.

De nuevo, no sólo basta con hacer la ley dura, ni siquiera basta con hacer cumplir la ley de forma eficiente. Deben existir mecanismos de asistencia a las familias más pobres para que el cumplimiento de la ley no sea un acto suicida. De esta forma la familia que prescinda de enviar a sus hijos al trabajo, podrá alimentarlos y educarlos. Sin estas condiciones la ley será letra muerta y cualquier otra forma de hacer que se cumpla será pura demagogia.