El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones tiene el poco encomiable propósito de pasar la plata del bolsillo derecho… al izquierdo.
Como lo prometido es deuda esta semana sigo con el consabido tema del Sistema General de Participaciones (SGP). La reforma, como dije la semana pasada, busca impedir que las transferencias a los municipios y gobernaciones crezcan a una tasa que el Gobierno considera insostenible. Según el Gobierno Nacional, si la reforma que presentó al Congreso es aprobada, se podrá cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, de otra forma se comprometerá su ejecución.
Detrás de esa conclusión que el Gobierno expone tan alegremente, subyace la idea de que los recursos del presupuesto, que no irían a los departamentos y municipios por cuenta de la reforma, se podrían ahorrar o utilizar en cosas diferentes. Sin embargo se está obviando la existencia de obligaciones constitucionales y legales por parte del Estado.
Explico: los recursos del SGP se destinan mayoritariamente a educación y salud. La política social del Gobierno, en su mayor parte, se ejecuta por medio de los recursos de SGP. Ahora, ¿qué pasaría si se redujeran los recursos de SGP? Simplemente el Gobierno Central tendría que poner recursos del presupuesto para atender las necesidades que hubieran quedado descubiertas. En últimas el Estado, el Sector Público Consolidado, seguiría gastando la misma plata. Y lo que es peor de todo, el Gobierno Central giraría el mismo monto de recursos con o sin recorte (sin recorte vía SGP, con recorte vía unas mayores erogaciones por servicios de educación, salud y los demás descubiertos). Esto sigue una lógica simple, ni los colegios ni los hospitales, así como ni los alumnos ni los pacientes, desaparecen porque haya un Acto Legislativo que cambie la formula de repartición de los recursos públicos.
Así las cosas sólo parece haber dos posibles razones por las cuales el Gobierno hace una inversión de capital político tan importante. Por un lado se puede pensar en la necesidad de “girar el cheque” desde Bogotá. En la medida en que no sean las gobernaciones ni los municipios quienes paguen por los servicios de sus habitantes, sino el Gobierno Nacional, los rendimientos políticos de cualquier colegio, hospital, acueducto y demás llegarán directamente a la Casa de Nariño.
Por otro lado es posible que el Gobierno esté pensando en obviar las obligaciones que tiene de proveer ciertos servicios a los habitantes del país. En este caso es importante recordar que la mayoría de los servicios cubiertos por el SGP se vuelven exigibles desde la primera vez que se tiene acceso a ellos. Desde luego este caso es bastante maquiavélico y por demás alejado de la realidad. Incluso si se pensara en hacer eso, la Rama Judicial entraría a proteger los derechos descubiertos por la reforma, lo que nos llevaría a una situación como la del párrafo anterior, donde Bogotá es quien gira el cheque, pero sin los rendimientos políticos para la Casa de Nariño.
Concluyendo. Queda claro que la reforma más importante del Gobierno, la reforma al SGP, que implica un desgaste político tan importante, sólo logrará cambiar la plata de bolsillo. Y nos dicen que esto mejorará la sostenibilidad financiera de la Nación. ¡Por Favor!
Detrás de esa conclusión que el Gobierno expone tan alegremente, subyace la idea de que los recursos del presupuesto, que no irían a los departamentos y municipios por cuenta de la reforma, se podrían ahorrar o utilizar en cosas diferentes. Sin embargo se está obviando la existencia de obligaciones constitucionales y legales por parte del Estado.
Explico: los recursos del SGP se destinan mayoritariamente a educación y salud. La política social del Gobierno, en su mayor parte, se ejecuta por medio de los recursos de SGP. Ahora, ¿qué pasaría si se redujeran los recursos de SGP? Simplemente el Gobierno Central tendría que poner recursos del presupuesto para atender las necesidades que hubieran quedado descubiertas. En últimas el Estado, el Sector Público Consolidado, seguiría gastando la misma plata. Y lo que es peor de todo, el Gobierno Central giraría el mismo monto de recursos con o sin recorte (sin recorte vía SGP, con recorte vía unas mayores erogaciones por servicios de educación, salud y los demás descubiertos). Esto sigue una lógica simple, ni los colegios ni los hospitales, así como ni los alumnos ni los pacientes, desaparecen porque haya un Acto Legislativo que cambie la formula de repartición de los recursos públicos.
Así las cosas sólo parece haber dos posibles razones por las cuales el Gobierno hace una inversión de capital político tan importante. Por un lado se puede pensar en la necesidad de “girar el cheque” desde Bogotá. En la medida en que no sean las gobernaciones ni los municipios quienes paguen por los servicios de sus habitantes, sino el Gobierno Nacional, los rendimientos políticos de cualquier colegio, hospital, acueducto y demás llegarán directamente a la Casa de Nariño.
Por otro lado es posible que el Gobierno esté pensando en obviar las obligaciones que tiene de proveer ciertos servicios a los habitantes del país. En este caso es importante recordar que la mayoría de los servicios cubiertos por el SGP se vuelven exigibles desde la primera vez que se tiene acceso a ellos. Desde luego este caso es bastante maquiavélico y por demás alejado de la realidad. Incluso si se pensara en hacer eso, la Rama Judicial entraría a proteger los derechos descubiertos por la reforma, lo que nos llevaría a una situación como la del párrafo anterior, donde Bogotá es quien gira el cheque, pero sin los rendimientos políticos para la Casa de Nariño.
Concluyendo. Queda claro que la reforma más importante del Gobierno, la reforma al SGP, que implica un desgaste político tan importante, sólo logrará cambiar la plata de bolsillo. Y nos dicen que esto mejorará la sostenibilidad financiera de la Nación. ¡Por Favor!
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