Detrás del proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones yace el cuerpo inerte de la descentralización administrativa.
Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto que busca evitar que las transferencias a los municipios y gobernaciones aumenten desmedidamente al volver al antiguo sistema en 2009. La idea que el Gobierno Nacional ha vendido es que, de no hacerse la reforma, tendría que transferir a los municipios un monto tan grande que minaría el equilibrio financiero que se ha conseguido con tanto esfuerzo durante los últimos años.
Sin embargo, la reforma presenta dos problemas principales. Por un lado la propuesta gubernamental hace que, en el largo plazo, la descentralización retroceda, es decir, que los municipios y departamentos cuenten con menores recursos como porcentaje del total de los del Estado. Por otro lado, se está obviando la existencia de obligaciones constitucionales y legales por parte del Estado, lo que hace imposible que la reforma contribuya a mejorar la posición fiscal del país. En esta columna hablaré solamente del primer problema, el segundo lo tocaré la semana siguiente.
Para entender el punto del retroceso de la descentralización, que subyace la reforma que pretende implementar el Gobierno, es necesario saber como funciona el Sistema General de Participaciones (SGP). Para empezar, la norma constitucional se limita a la forma en que debe crecer el monto de recursos que el Gobierno Nacional transfiere a los Entes Territoriales. De esta forma, la pelea entre el Gobierno y los territorios es sobre una sencilla fórmula de crecimiento.
Luego de haber sido negociada con diversos sectores políticos, la actual reforma dice que siempre que la economía crezca al 4% o menos, las transferencias crecerán al 2.5% en términos reales (es decir, por encima de la inflación). Si la economía crece por encima del 4%, ese excedente de crecimiento se sumará al 2.5% del que se había hablado antes.
El punto que hace que la reforma represente un retroceso del proceso de descentralización está en la diferencia entre el 2.5% que crecen las transferencias y el límite de 4% para el crecimiento de la economía. Explico: Como es comúnmente aceptado por los economistas, tanto la economía como el recaudo de impuestos crecen en la misma proporción. Esto porque los impuestos como porcentaje del PIB no varían en mayor medida, si no cambian sus fórmulas de cobro.
En un mundo en que la economía crece al 4%, los Entes Territoriales estarán viendo crecer sus recursos un 2.5%, mientras que el ingreso por impuestos del Gobierno Nacional crece al 4%. De esta forma, la diferencia de crecimientos, hace que en el largo plazo, los Entes Territoriales reciban cada vez menos recursos como porcentaje de lo que recibe el Estado por concepto de impuestos.
Por lo anterior, en el futuro, se puede esperar que tanto los municipios como los departamentos pesen cada vez menos en la definición de las políticas, debido a que una proporción creciente de los recursos son manejados discrecionalmente por el Gobierno Nacional Central. Así las cosas, el fin de descentralizar el poder, que se buscaba con la Constitución de 1991, quedará relegado por un tema de sostenibilidad fiscal. Una sostenibilidad fiscal que como se verá en la siguiente columna, no se alcanzará con este proyecto.
¡Excelente esta forma de mejorar la capacidad de los Entes Territoriales de responder a las necesidades de sus habitantes!
Sin embargo, la reforma presenta dos problemas principales. Por un lado la propuesta gubernamental hace que, en el largo plazo, la descentralización retroceda, es decir, que los municipios y departamentos cuenten con menores recursos como porcentaje del total de los del Estado. Por otro lado, se está obviando la existencia de obligaciones constitucionales y legales por parte del Estado, lo que hace imposible que la reforma contribuya a mejorar la posición fiscal del país. En esta columna hablaré solamente del primer problema, el segundo lo tocaré la semana siguiente.
Para entender el punto del retroceso de la descentralización, que subyace la reforma que pretende implementar el Gobierno, es necesario saber como funciona el Sistema General de Participaciones (SGP). Para empezar, la norma constitucional se limita a la forma en que debe crecer el monto de recursos que el Gobierno Nacional transfiere a los Entes Territoriales. De esta forma, la pelea entre el Gobierno y los territorios es sobre una sencilla fórmula de crecimiento.
Luego de haber sido negociada con diversos sectores políticos, la actual reforma dice que siempre que la economía crezca al 4% o menos, las transferencias crecerán al 2.5% en términos reales (es decir, por encima de la inflación). Si la economía crece por encima del 4%, ese excedente de crecimiento se sumará al 2.5% del que se había hablado antes.
El punto que hace que la reforma represente un retroceso del proceso de descentralización está en la diferencia entre el 2.5% que crecen las transferencias y el límite de 4% para el crecimiento de la economía. Explico: Como es comúnmente aceptado por los economistas, tanto la economía como el recaudo de impuestos crecen en la misma proporción. Esto porque los impuestos como porcentaje del PIB no varían en mayor medida, si no cambian sus fórmulas de cobro.
En un mundo en que la economía crece al 4%, los Entes Territoriales estarán viendo crecer sus recursos un 2.5%, mientras que el ingreso por impuestos del Gobierno Nacional crece al 4%. De esta forma, la diferencia de crecimientos, hace que en el largo plazo, los Entes Territoriales reciban cada vez menos recursos como porcentaje de lo que recibe el Estado por concepto de impuestos.
Por lo anterior, en el futuro, se puede esperar que tanto los municipios como los departamentos pesen cada vez menos en la definición de las políticas, debido a que una proporción creciente de los recursos son manejados discrecionalmente por el Gobierno Nacional Central. Así las cosas, el fin de descentralizar el poder, que se buscaba con la Constitución de 1991, quedará relegado por un tema de sostenibilidad fiscal. Una sostenibilidad fiscal que como se verá en la siguiente columna, no se alcanzará con este proyecto.
¡Excelente esta forma de mejorar la capacidad de los Entes Territoriales de responder a las necesidades de sus habitantes!
1 comment:
Recuerdo claramente cuando mi madre hizo parte del gavinete departamental en el Tolima. Junto con el governador Jaramillo trabajó en un proyecto que hacia referencia a estos temas. 5 Governadores del sur de Colombia se atrevieron a crititcar estos cannones constitucionales y no solamente dirigiendose al fisco. Ellos proponian la creacion de grandes estados "federales" dentro del territorio nacional, estados autosuficientes regulados por directrices nacionales pero destinados a conseguir su mayoria de edad, mayoria de edad que definitivamente como usted bien lo relata poco puede llegar a fecundar en un terreno minado de incoherencias en las tesis que sustentan la distribucion de los recurzos para los entes territoriales del pais.
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