Menos Empleo, Peor Pagado

Elegir un gobierno que inicie con cuestionamientos afecta a la mayoría.

El lunes después de las elecciones, el candidato derrotado Andrés Pastrana se reunió con el Presidente Gaviria para presentarle las pruebas que tenía en su poder sobre financiación de campañas con dineros del narcotráfico. El escándalo llegó a tal punto, que la inestabilidad política que generó se tradujo en inestabilidad económica, la economía se frenó, el empleo aumentó y los pobres se volvieron más pobres.

Pareciera que Andrés Caicedo hubiera tenido razón cuando afirmaba que la historia era cíclica. Hoy no vemos un presidente que se elige con dineros mal habidos, vemos la posibilidad de un gobierno que inicie con fuertes sospechas de haber cometido fraude electoral. Eso es desastroso para la democracia, sin duda, pero no pareciera serlo para la vida cotidiana de los habitantes del país. Pues bien, la idea de la irrelevancia de la política ha hecho fuerte carrera en las mentes de los ciudadanos comunes. Sin embargo, no solo es falsa, sino que esconde un desconocimiento craso sobre el funcionamiento de la economía.

¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se llegaran a demostrar irregularidades sistemáticas en el conteo de votos?

En primer lugar, dependiendo de la valoración del juez electoral y obviamente de la magnitud del fraude, podría generarse la nulidad de las elecciones. Esto esta descartado, en primera medida, por las mismas declaraciones de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ya terminó el escrutinio y consecuentemente cerró la posibilidad de presentar quejas ante esta autoridad. En este caso, la nulidad de las elecciones seria resuelta por el Consejo de Estado, que en promedio, tarda tres años para resolver este tipo de denuncias. Es decir, que estaríamos avocados a tres años de interinidad en la Presidencia de la República.

Pero suponiendo que no hay tal nulidad y que el proceso se encaminara a condenar a los responsables, sin subsanar los efectos de sus acciones, podríamos ver varios escenarios. Si el responsable tuviera investidura presidencial, es decir, si el responsable fuera directamente el candidato ganador, podríamos estar reeditando un juicio político contra el presidente. Esto es aun más grave, pues le da un poder de negociación altísimo al Congreso, que es quien juzga al presidente. De modo que veríamos, nuevamente, un resurgimiento de las formas de corrupción más descaradas, bastante parecidas a las que se observaron durante el Proceso 8.000. Los efectos de esa inestabilidad política sobre la economía serían nefastos. La tasa de interés a la que los mercados le prestan al Gobierno y a las compañías nacionales aumentaría dramáticamente, lo que imposibilitaría realizar nuevas inversiones, no se crearían puestos de trabajo y aumentaría la pobreza. Eso sin contar los efectos sobre los hogares deudores, que podrían verse avocados a la quiebra. De esta forma, tendríamos menor empleo, peor pagado.

Podría ocurrir otra cosa. Como ese delito se habría cometido por un ciudadano, no por un presidente, sería la Fiscalía la encargada de investigar una vez acabe el periodo de cuatro años para el que fue elegido. Sin embargo, un fiscal recién nombrado por ese mismo presidente, difícilmente llevaría a cabo esa investigación. Eso sin contar con la reforma que pretenden implementar, según la cual el Fiscal dependería del Presidente mismo. En cuyo caso, la apertura del proceso sería aun menos probable.

Cualquiera de los posibles efectos de un posible fraude sería calamitoso. Si hay investigaciones y enjuiciamientos, la inestabilidad política y económica nos llevaría a un ruina de proporciones parecidas a las de la crisis de los noventa. Si no hay investigaciones, el daño institucional causado frenaría el crecimiento económico de largo plazo, condenándonos como país, en el mejor de los casos, a salir mas lentamente del subdesarrollo.

Cabria preguntarse entonces, si hubo fraude, el candidato a favor de quien se hizo ¿estará realmente preocupado por la Nación o sólo por el mismo?